La Delegación del Gobierno en Baleares ha asegurado este martes que la anulación de la ordenanza cívica de Palma tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJB) no provoca «un vacío legal» ya que, según han manifestado, «existe normativa estatal que puede dar esa capacidad sancionadora».
Así lo ha expresado la delegada del Gobierno, Teresa Palmer, en una rueda de prensa en la que ha dicho que tras el requerimiento del Ayuntamiento de Palma, «este mismo martes» les han enviado un escrito para comunicarles que no se produce ningún vacío legal.
En este sentido, ha destacado que están «a disposición del alcalde» para «tratar cualquier tema en el que necesite coordinación en el marco, sobre todo, de las juntas locales de seguridad».