El Ajuntament de Palma apoya su decisión «política» de desmontar el monumento al crucero Baleares de sa Feixina en una sentencia del Tribunal Supremo de 2012, cuyo espíritu comparte y, por ello, considera que «el monolito continúa siendo un símbolo del franquismo aunque se le hayan retirado ciertos elementos» y que «su permanencia en un espacio público es un vestigio de enfrentamiento entre ciudadanos por lo que en cumplimiento de la legalidad vigente se ha de retirar».
Fueron palabras del concejal de Cultura, Patrimonio y Memoria Histórica, Miquel Perelló, este jueves en la Comissió de Serveis a la Ciutadania, en la que se rechazó la petición del PP de mantener el monumento o, cuando menos, recabar los informes de la Comissió de Patrimonio, la Comissió de Centre Històric y del cronista de la ciudad, así como estudios de los costes del derribo y de nueva ubicación. La propuesta del PP fue apoyada por Ciudadanos.
La sentencia, explicó Perelló, rechaza el recurso de la Fundación Francisco Franco para la restitución de una estatua de Franco en un plaza madrileña en base al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica. Así, añadió, el fallo establece que esta ley «impone a todas las administraciones adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la retirada de aquellos monumentos conmemorativos que supongan una exaltación de la guerra civil con el objeto de dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución del año 1978 y evitar la permanencia de cualquier vestigio que pueda ser causa de enfrentamiento, agravio u ofensa al modelo constitucional de convivencia».
En cuanto a la reubicación del monumento en otro lugar, el concejal recordó que tiene 20 metros de altura y que, además, está hecho de marès y hueco, por lo que «para volver a montarlo habría que construir una estructura interna para aguantarlo» que tendría un coste, por lo que sólo avanzó que «ya se verá».