La exalcaldesa de Palma Aina Calvo declaró este miércoles que Simón Pedro Barceló, copresidente del Grupo Barceló, le llamó una noche y «me exigió 30 millones de euros para finalizar las obras, algo que yo viví como una extorsión y, por supuesto, no cedimos».
Por eso, ante la concurrencia de esa empresa al concurso del Palacio de Congresos, Calvo reconoció que «Barceló tiene todo el derecho a hacerlo», pero «no me gustaría que la seguridad jurídica, por más que todo fuera legal, acabara tapando una indecencia».
La ex alcaldesa socialista recordó que «cuando Barceló nos exigió esos 30 millones, junto a la constructora levantamos un acta notarial para demostrar que no eran necesarios para acabar las obras». Pero «la amenaza siguiente fue paralizar los trabajos».
Sobre la decisión de no exigir una indemnización a la empresa por su marcha, Calvo aseveró que «tomamos una decisión política, que vista con el tiempo yo ahora la tomaría diferente, pero en ese momento la amenaza era paralizar la obra y empantanarnos en un juzgado durante años, por lo que optamos por llegar a un acuerdo». «En nombre del interés general –prosiguió– entendimos que era más conveniente seguir con las obras que acabar en un pleito, el tiempo nos da o nos quita la razón, lo que sí sé es que no cedimos antes una amenaza».
Desde MÉS per Palma se calificó de «estafa» la concurrencia de Barceló. «Le ha salido muy bien la jugada, tenía que poner 80 millones, que al final han puesto los ciudadanos, y ahora lo tendrá por cero euros», aseveró Antoni Verger. El candidato del Pi Palma, Toni Fuster, reclamó una gestión público-privada del Palacio.
Por su lado, el presidente de la sociedad Palau de Congressos de Palma, S.A., Álvaro Gijón, volvió a valorar «muy positivamente» que «las dos principales empresas turísticas a nivel nacional» se hayan presentado, lo que «da garantías» sobre el futuro del complejo».