El Govern ha respondido hoy al ejecutivo central que la eliminación de los 89 liberados sindicales institucionales se ha adoptado solo para reducir el gasto público en el marco de una política de «austeridad que tiene que llegar a todos los ámbitos de la administración», también a los sindicatos.
En los pasillos del Parlament, el conseller de Presidencia, Antoni Gómez, ha argumentado que esta medida, al igual que otras, se ha puesto en marcha para hacer frente a la «grave situación económica» que atraviesa Baleares y el resto del país.
En ningún caso, ha asegurado Gómez, es «una medida propagandística», sino que se trata de una más de las muchas que está aplicando el ejecutivo autonómico presidido por José Ramón Bauzá para ahorrar dinero público y aplicar la austeridad en el gasto.
La acción sindical, se mostrado convencido el conseller, se puede realizar «con menos personas, con la misma eficacia y con la misma calidad».
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha dicho hoy que las trabas del Govern a la acción sindical se sitúan en una «campaña de descrédito» que sistemáticamente vienen realizando los gobiernos del PP en las distintas comunidades autónomas, «con el apoyo de los medios de comunicación más afines».