La agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado la nota de la deuda soberana de nueve países europeos, entre ellos España, al que quita dos escalones, pasando de 'A1' a 'A3' con perspectiva negativa.
En cuanto al resto de países, destacan las rebajas de Italia (de 'A2' a 'A3') y Portugal (de 'Ba2' a 'Ba3'). Por su parte, Francia mantiene la 'Aaa' pero ahora con perspectiva negativa, al igual que Reino Unido y Austria.
Así, España sufre la rebaja más fuerte, puesto que la calificación del resto de los países es de un solo escalón. No obstante, la calidad de la deuda es «buena» o «media-alta», con una sensibilidad «moderada» en un contexto «adverso».
Malta, que también tenía de nota 'A3', desciende a 'A2', mientras que Eslovaquia y Eslovenia, cuyas calificaciones se mantenían en el 'A2', descienden hasta 'A1', en el mismo escalón que España.
Cabe resaltar que Moody's ha situado la calificación de todas las deudas rebajadas con perspectiva negativa, lo cual vaticina futuras depreciaciones de la nota.
De esta forma, las deudas de Francia, Reino Unido y Austria continúan siendo valores seguros, de «calidad extrema» y de «mínima sensibilidad» en un entorno adverso. La valoración de la deuda de Italia y Malta se asemeja a la española, si bien la calidad de la deuda de Portugal persiste en la categoría inferior a las anteriores, «aceptable» o «media» con «cierta sensibilidad» en un contexto «adverso».
COMUNICADO DE MOODY'S
Moody's justifica esta ronda de rebajas en la «incertidumbre que se cierne sobre las perspectivas en la eurozona de reformas institucionales en el ámbito económico y fiscal, así como en los recursos disponibles para lidiar con la crisis».
Como segundo punto, señala a las «las perspectivas macroeconómicas europeas cada vez más débiles» que, apunta, «amenazan la implementación de programas nacionales de austeridad y reformas estructurales necesarias para el impulso de la competitividad».
Por último, Moody's recalca «el alto potencial» de impacto que tendrán estos factores en la «frágil» confianza de los mercados y, por ende, en «las condiciones de financiación para bancos y fondos soberanos golpeados» por la crisis.
«Estos factores están minando la solvencia de todos los países soberanos europeos y exacerbando la vulnerabilidad de determinadas naciones a particulares situaciones financieras y macroeconómicas», agrega Moody's.
ESPAÑA
A la par de la rebaja de la nota de la deuda de España, Moody's también ha depreciado la calificación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) otros dos escalones: de 'A1' a 'A3'. La agencia identifica las dificultades relacionadas con el déficit, el crecimiento económico y con el sistema bancario como las principales razones que le han llevado a atribuir la mayor rebaja de la calificación en la zona euro.
Moody's ha argüido que esta rebaja, en el caso español, se debe a «la incertidumbre sobre las perspectivas para una reforma institucional en la zona euro y las débiles previsiones macroeconómicas en la región, lo que continuará pesando en la ya de por sí frágil confianza de los mercados».
En este sentido, ha recalcado que «la compleja evolución fiscal está viéndose exacerbada por una bajada de la recaudación fiscal más larga de la esperada en 2011, principalmente, a causa de los excesos presupuestarios de los gobiernos regionales españoles». Moody's muestra en el comunicado su escepticismo por que «el nuevo Gobierno sea capaz de lograr la reducción del déficit previsto en los presupuestos generales, lo cual podría conducir a un mayor incremento en el creciente del ratio de la deuda pública».
La agencia de 'rating' alega que «las presiones sobre la economía española, que está cerca de entrar nuevamente en recesión, se intensificarán por la necesidad de una actuación aún más severa para conseguir una reducción del déficit». «Una nueva recesión también afectará negativamente a la rentabilidad de los bancos españoles, en un momento en el que están llamados a reestructurar su balances», agrega Moody's.
Por otra parte, Moody's defiende prorrogar la perspectiva negativa de la evolución de la solvencia española y se ampara en «las posibilidades de un empeoramiento de la economía y de las condiciones de financiación, como resultado del deterioro de la crisis de la deuda en la zona euro».
Espera, además, que los indicadores de la economía española sigan empeorando y reincide en los pocos avances realizados por el Gobierno en materia fiscal. Sin embargo, reconoce que «el nuevo Ejecutivo ha actuado de forma oportuna para compensar» el «bajón» entre el objetivo de déficit, que se situaba en el seis por ciento del PIB, y el real conseguido, alrededor del ocho por ciento; así como en «el establecimiento de una supervisión más certera de las finanzas de los gobiernos regionales». No en vano, Moody's matiza que «la efectividad de estas medidas aún están por ver».
Por ello, insta al Gobierno de Mariano Rajoy a que emprenda «un ajuste necesario sin precedentes». Calcula que el déficit presupuestario de España permanecerá entre el 5,5 y el 6 por ciento del PIB, lo que, puntualiza, «implica que el ratio de la deuda pública continuará aumentando».
No obstante, Moody's estima que la economía española se contraerá entre un 1 y un 2,5 por ciento en este año, en contraposición a «la baja, aunque positiva, previsión de crecimiento de un 1 por ciento elaborada hace unos pocos meses».
En el terreno bancario, Moody's aboga por «aumentar las provisiones contra los activos problemáticos de la banca que estén expuestos al sector público», «mejorar la transparencia de las hojas de balances de los bancos y contribuir a la restauración de la confianza de los mercados».
Una vez más, sin embargo, la agencia de 'rating' pone en duda los esfuerzos realizados por el Gobierno para «promover unos bancos más fuertes mediante la fusión con los débiles sin el apoyo del sector público». Así pues, los riesgos en el sector bancario son «altos» y «con mayores probabilidades de cristalizar» que en otros países europeos.
En cuanto a la reforma laboral anunciada por el Ejecutivo el pasado viernes, Moody's la describe como un «paso importante para incrementar la flexibilidad en el mercado laboral y para propulsar el crecimiento del empleo, una vez haya comenzado la recuperación económica».
Por último, sostiene que «la erosión del compromiso de los políticos españoles en la implementación de reformas» puede resultar en una rebaja de la calificación de solvencia española.