El vídeo de la declaración judicial del ‘trilero’, el testigo protegido número 26 del ‘caso Cursach’, en la que recibió indicaciones del exjuez Penalva, el exfiscal Subirán y el Grupo de Blanqueo para señalar a policías locales que acabaron en prisión, será una de las pruebas en la querella que se presentará contra los jueces del TSJIB. El falso testigo fue condenado por mentir.
«El 11 de diciembre de 2017, los magistrados querellados, Terrassa y Montserrat, dictaron una resolución judicial que contenía afirmaciones manifiestamente falsas, con el ilegítimo propósito de encubrir y proteger» a los citados Penalva, Subirán y policías de Blanqueo, según la querella del abogado Vicente ‘Coco’ Campaner a la que ha tenido acceso Ultima Hora.
«En dicha resolución, incurrieron en una tergiversación evidente de la realidad, llegando al extremo de negar lo que resulta innegable. En concreto, declararon, de manera manifiestamente injusta y contra toda evidencia, que en la grabación de la declaración del testigo protegido TP26, realizada por videoconferencia desde la sede de la Policía Nacional, no se escuchaban voces de terceras personas dándole indicaciones», añade el escrito.
Ahora, con la contratación de un ingeniero informático que ha cruzado los WhatsApps intervenidos al policía Iván Bandera, los denunciantes han podido reconstruir el cruce de mensajes de aquel 16 de agosto de 2017: «Los magistrados querellados negaron contra toda evidencia la constante manipulación del teléfono móvil por parte del exfiscal Subirán, pese a que la grabación evidencia que, en el momento en que este utilizaba su dispositivo, las notificaciones de WhatsApp sonaban en la habitación donde se encontraba el testigo protegido, de manera perfectamente sincronizada».
«El fraude y la deslealtad en el ejercicio de su función jurisdiccional quedan acreditados de manera incontrovertida e innegable por el hecho de que, con el propósito deliberado de sostener su resolución, omitieron maliciosamente la pericial informática aportada junto con la querella, elaborada por un ingeniero informático, que corroboraba en su conclusión precisamente lo que aquí se expone», sostiene.
Campaner mantiene que «la combinación de su soberbia y su falta absoluta de fundamento jurídico los llevó a recurrir a un argumento osado, irracional e insensato para fundamentar la inadmisión de la querella. En concreto, afirmaron que una ‘potente señal debilitadora’ de cualquier sospecha sobre los hechos denunciados era que no parecía lógico, ni habitual, ni siquiera imaginable que un juez y un fiscal perpetraran delitos en sede judicial, acompañados de un funcionario y sabiendo que estaban siendo grabados».