Impactante caso de negligencia parental en Baleares. Una mujer de 34 años y origen sudamericano ha sido detenida por la Guardia Civil en la localidad ibicenca de Santa Eulària des Riu. La madre abandonó a su hijo de tan solo 5 años en el domicilio familiar para irse de fiesta, siendo encontrada posteriormente en estado de embriaguez en un local de ocio nocturno.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 1 de diciembre, cuando agentes del puesto de la Guardia Civil de Santa Eulària recibieron un aviso alertando de la presencia de un menor pidiendo auxilio desde el balcón de una vivienda. Al llegar al lugar, los agentes, con ayuda de una escalera metálica, accedieron hasta donde se encontraba el niño, quien estaba muy asustado y agitado tras despertarse y no hallar a su progenitora en casa.
Búsqueda y detención
Inmediatamente, los efectivos iniciaron gestiones para localizar a la madre del menor, realizando llamadas telefónicas que no obtuvieron respuesta. Finalmente, la mujer fue hallada en el interior de un establecimiento de ocio de la zona, presentando evidentes signos de embriaguez. Ante los agentes, la detenida declaró que había estado consumiendo bebidas alcohólicas en su domicilio y que lo había abandonado con la intención de ir a comprar tabaco.
Ante las circunstancias, la Guardia Civil procedió al arresto de la mujer de 34 años como presunta autora de un delito de abandono de menor. Este tipo de situaciones ponen de manifiesto la importancia de la responsabilidad parental y los riesgos a los que se expone a los niños cuando se antepone el ocio personal a su cuidado y seguridad. Lamentablemente, los casos de abandono de menores no son infrecuentes en España.
Según datos del Ministerio del Interior, en el año 2020 se registraron un total de 621 delitos de abandono de familia y de menores en todo el territorio nacional, lo que supone un incremento del 8,7% respecto al año anterior. El abandono de menores está tipificado como delito en el Código Penal español, pudiendo acarrear penas de prisión de hasta cuatro años, en función de las circunstancias y las consecuencias para el menor. Además de las responsabilidades penales, los progenitores que incurren en este tipo de conductas pueden enfrentarse a la retirada de la custodia y a la intervención de los servicios sociales para garantizar el bienestar del menor.