El asentamiento chabolista de Can Rova, ubicado en Ibiza y donde vivían unas 400 personas en caravanas, coches, tiendas de campaña y chabolas, ha sido desalojado este miércoles por la fuerza, con la intervención de los antidisturbios de la Guardia Civil, en un operativo que se ha saldado con seis detenidos por resistencia a la autoridad, cuatro hombres y dos mujeres.
En el desalojo, que comenzó a las 9.30 horas, se han registrado incidentes como el corte de la carretera de Sant Antoni pasadas las 13.00 horas, en ambos sentidos, como protesta por parte de los desalojados, que en su mayoría son trabajadores que denuncian la falta de vivienda y de alquileres asequibles en la isla. El operativo ha contado con más de 50 agentes, entre 12 efectivos de la Policía Local de Santa Eulària, una decena de guardias civiles y en torno a 30 efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) desplazados desde Mallorca.
Después del mediodía, tras varias advertencias de la Guardia Civil, una intervención de la comitiva judicial y otra de los servicios sociales, los antidisturbios han irrumpido en el interior del recinto, echando por la fuerza al medio centenar de adultos y a los 18 menores que quedaban dentro, en una acción policial en la que desde fuera del recinto se ha oído un disparo. Entre los desalojados han denunciado haber sido golpeados, como el caso de una mujer de nombre Daniela, a la que han «empujado» y ha caído al suelo con su bebé de cinco meses en brazos mientras su marido ha sido arrestado por defenderlos, ha asegurado.
«Eso no es justo», ha lamentado y ha denunciado que no le alquilan un piso en Ibiza porque tiene tres hijos, por lo que decidió comprarse una caravana, a la que tampoco le dejaban regresar para sacar sus pertenencias. «Nosotros no estamos de ocupas porque pagamos un alquiler todos los meses», ha reclamado. El terreno, por el que sus inquilinos pagaban a uno de los dueños para instalar su caravana, su tienda de campaña o hacerse una chabola, ha sido desalojado por orden judicial después de que los hermanos de este propietario le denunciaran y ganaran el pleito judicial porque alquilaba las parcelas sin su consentimiento.
A primera hora de la mañana ya quedaban menos de la mitad de los inquilinos, unos 150 adultos con una veintena de menores, ya que muchos habían decidido marcharse días antes debido a la advertencia del desalojo. Después de una «noche criminal» con algún ataque de ansiedad, otros ocupantes seguían saliendo durante la mañana mientras que otros ya habían decidido hacer un «asentamiento pacífico» para intentar quedarse, según ha explicado a primera hora la portavoz Alicia Bocuñano.
«Llevamos toda la noche sin dormir, se ha ido mucha gente asustada y aquí seguimos, aguantando y a ver qué pasa. No tenemos dónde ir», ha indicado Bocuñano, que en un censo propio han llegado a contabilizar unas 300 familias en Can Rova. Entre los inquilinos, algunos denunciaban que el propietario les había cobrado en los últimos días el alquiler de la parcela, de entre 300 y 500 euros, a pesar de que estaba previsto el desalojo. Este propietario se mostró a primera hora con una actitud violenta y amenazas a la prensa ante la pasividad de la Policía Local de Santa Eulària.
Integrantes de Futuro Vegetal, Ibiza Extinction Rebellion y del Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera han estado presentes durante el operativo para apoyar a los inquilinos del asentamiento. Desde el Consistorio han informado de que la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y los concejales delegados de Servicios Sociales y la Policía Local, Antonia Picó y Juan Carlos Roselló, han estado siguiendo el operativo, y que tres trabajadoras sociales y una educadora social han estado en la zona para coordinarse con la central de Bienestar Social en Santa Eulària.
Sin embargo, Bocuñano ha criticado que los servicios sociales de Santa Eulària no han ofrecido ninguna ayuda ni salida para las familias con menores, y que la comitiva judicial no les ha enseñado ninguna orden de desalojo, ya que les comunicaron que ellos no eran «parte del proceso» judicial. Las situaciones personales de los inquilinos de este asentamiento son diversas pero con la misma problemática de base: no pueden encontrar alquileres asequibles en la isla, a pesar de tener trabajo, o directamente no les alquilan por tener hijos menores. Algunos llevan meses en el asentamiento y otros, al menos, dos años.
«Yo llegué a una carpa y como soy carpintero me hice una casetita poco a poco. Sabíamos que esto tarde o temprano iba a pasar, pero tampoco en temporada», ha explicado Luis Antonio, un carpintero ecuatoriano que lleva desde 2003 en España y que hace un año le propusieron venir a la isla porque hay trabajo. «Hay trabajo sí, pero no hay donde conseguir vivienda. Todo es muy caro y con el sueldo que uno gana es todo para el alquiler», ha añadido y tras salir voluntariamente del asentamiento para no enfrentarse a la policía, ha señalado cuál es su futuro próximo: «Donde encuentre una sombra, me voy a quedar».