La Fiscalía estudia qué hacer con la sentencia al juez Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán. Fuentes del Ministerio Público señalaron este viernes que aún no está tomada la decisión de si se lleva o no la condena de nueve años de cárcel para ambos ante el Tribunal Supremo.
La resolución del Tribunal Superior de Justicia descartaba el grueso de los delitos por los que calificaba la Fiscalía, que reclamaba penas en torno a los 120 años de prisión para Penalva y Subirán. La causa corresponde a la Fiscalía Anticorrupción que designó a dos fiscales destinados en Madrid, Tomás Herranz y Fernando Bermejo para ocuparse de ella ya durante la instrucción.
El examen de la Fiscalía parte de la posibilidad de mantener una condena por detención ilegal con los mismos hechos probados que constan en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. En casación es complicado modificar la valoración que ha hecho el tribunal de la prueba, pero no tanto la aplicación técnica de los tipos delictivos. Uno de los puntos en los que tanto el ministerio público como el resto de acusaciones ponen el foco son las detenciones de los padres y el hermano de Álvaro Gijón. La sentencia del TSJIB condena a Penalva y Subirán por coacciones contra el entonces político y entiende esos arrestos fueron el instrumento para esa presión. La resolución descartaba por un «déficit acusatorio» que esas detenciones fueran un delito autónomo.
Las acusaciones particulares también deshojan la margarita de si van o no al Supremo. Valoran también la dificultad de revocar en segunda instancia absoluciones si no existe un motivo técnico sin pedir una nulidad del juicio de parte del proceso. Ahí surge otro escollo, la jubilación del magistrado que presidió la sala, Antoni Capó, efectiva desde el pasado lunes. En caso de que el Supremo quisiera que el TSJIB aclarara o completara alguna parte de la sentencia, esa jubilación obligaría a constituir una nueva sala y a celebrar entero todo el juicio otra vez. Ocurriría algo similar si las acusaciones ponen encima de la mesa del Alto Tribunal el auto de cuestiones previas en tanto recortó su capacidad de actuación y el uso de los whatsapp como prueba de las revelaciones de secreto. Si el Supremo los aceptara; otro juicio.
Reacción del Govern
Por otra parte, el portavoz del Govern, Antoni Costa afirmó ayer sobre la sentencia que algunas personas, sin concretar nombres deberían pedir perdón a quienes «vilipendiaron y machacaron ante la opinión pública y sometieron a la pena del telediario», como el expolítico del PP Álvaro Gijón. A preguntas de los medios tras el Consell de Govern, dijo que el fallo pone de manifiesto «la importancia de respetar la presunción de inocencia».