El exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y el antiguo testigo protegido 29 se han llevado un revés judicial en Asturias. La Audiencia Provincial del Principado ha anulado una sentencia que condenaba a Mediaset a pagar 90.000 euros a cada uno de ellos por un supuesto atentado a su honor. Los tres han estado representados por la abogada Teresa Bueyes (que más tarde ejerció la acusación particular en el ‘caso Cursach) y el abogado que defendió al 29 en el TSJIB.
Juez, fiscal y antiguo testigo clave interpusieron una demanda por lo que consideraban una intromisión en su honor por un reportaje emitido por Telecinco en 2019. En él hablaba un ciudadano rumano condenado por las declaraciones del 29 y se emitió el vídeo del careo que este testigo había mantenido en 2017. En esa imágenes se veía como Subirán y el testigo, un antiguo camarero de Tito's miraban de forma constante el móvil y parecían comunicarse entre ellos. La pieza televisiva resaltaba esa sospecha. Los magistrados de Asturias, a la vista del vídeo concluyen: «Podemos comprobar como efectivamente tanto el fiscal como el testigos están con sus móviles dentro de la sala, lo cual es llamativo». Repasan que incluso se ve a Subirán coger un papel de un bolso y luego escribir en el móvil. «A continuación el testigo protegido coge su teléfono y comienza a leer algo en el mismo y así ambos durante dos minutos». Los jueces concluyen: «El actuar narrado cuanto menos de irregular debe ser calificado, generando las sospechas aludidas en el programa».
El tribunal de la Audiencia Provincial valora que lo que emitió el programa tenía base y que las sospechas planteadas sobre el actuar de Penalva y Subirán se sustentaban en «una fuente clara y contrastada, fiable y objetiva como eran las actuaciones judiciales y los atestados policiales, alejándose pues de simples rumores». Por lo tanto, descarta que supongan una intromisión ilegítima en el honor de los tres demandantes y revoca la sentencia condenatoria que había dictado un juzgado de Primera Instancia.
El TSJIB exculpó a Penalva y Subirán de los delitos investigados en torno al testigo protegido 29. Sin embargo este, que fue clave durante la instrucción del ‘caso Cursach', está imputado por un delito de falso testimonio por mentir para conseguir encarcelar a tres ciudadanos rumanos.