Antoni Garau Coll (Sóller 1954) ha estado vinculado con el mundo de la pesca durante casi medio siglo y desde hace unos meses disfruta de su jubilación. Su trayectoria profesional comenzó como secretario de la Cofradía de Pescadores del Port de Sóller y posteriormente en la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, donde ha ejercido de secretario desde el año 2000. También ha sido secretario del Consejo de Administración de la Organización de Productores Mallorcamar (Opmallorcamar). Como experto en el sector pesquero ha sido miembro del Consejo Asesor del Mediterráneo en Europa, entidad en la que participan tanto el sector pesquero como ONGs y representantes de federaciones de pesca deportiva.
Desde su nueva situación, ¿cómo valora los años de trabajo?
—Cuando llegué a la Federación Balear éramos cuatro personas en el muelle viejo de Palma para llevar la gestión de las cooperativas. Formé un equipo y se ha realizado mucho trabajo para rentabilizar y mejorar las condiciones del sector de la pesca profesional, aunque ha sido complicado lidiar con la Comunidad Autónoma y con el Estado.
¿Qué futuro les espera a los pescadores de las Islas?
—El sector pesquero ha pasado de una situación precaria a una situación crítica y se enfrenta a momentos muy difíciles. Así se lo trasladé al nuevo conseller de Agricultura y Pesca, Joan Simonet. En cambio, creo que el sector recreativo se sentirá cómodo con el nuevo Govern balear. Pero el ejecutivo debe defender este sector, ya que lo está pasado muy mal. La actual normativa ha llevado a los pescadores profesionales a una situación límite.
¿Cuál es la situación actual del sector?
—La actividad de flota de arrastre (barques de bou) se gestiona desde Madrid. La normativa ha supuesto una reducción progresiva de los días hábiles para faenar, que en la actualidad es de 3,3 días semanales. Está sobre la mesa un nuevo recorte de días y de capturas para finales de año, lo que será insostenible. La flota pesquera de arrastre de Balears es actualmente de 31 embarcaciones, cuando, por ejemplo, solamente en Sant Carles de la Ràpita tienen una flota arrastrera de 51 barcos. Es muy importante que el Govern se posicione a favor de nuestros pescadores, para que no se apliquen más medidas restrictivas ni se reduzcan las jornadas de captura.
¿Cómo se ha llegado a esta situación?
—Lo cierto es que los pescadores no interesan a nivel político, porque es un sector que en las Islas tiene poco impacto económico, ya que la facturación total es baja en comparación con otros sectores. También hay aspectos organizativos que han influido, puesto que existe un problema de comercialización al estar todo centralizado en Palma. Hay soluciones para mejorar la situación, principalmente potenciar más la venta directa y el producto de proximidad. Si no se actúa, el sector irá desapareciendo y el pescado fresco será todo importado. Esto supondría que también desaparecería una parte de nuestra identidad cultural.
¿Cómo está afectando el cambio climático?
—Hay evidencias de que el mar se está acidificando. Las especies invasoras, la contaminación, el aumento de la temperatura del agua conducen a desplazar especies. Además, está demostrado que todo ello afecta la reproducción y el tamaño de las capturas y de las poblaciones de peces. Pero la solución a todo ello no puede ser siempre limitar progresivamente las capturas, ya que hay otros problemas. También hay que remarcar que es muy importante potenciar la colaboración científica con el sector pesquero y encargar a los expertos proyectos concretos para evaluar la situación de determinadas especies y poblaciones.
¿Es un problema la pesca recreativa?
—En Balears hay 22.000 embarcaciones de recreo y más de 50.000 licencias de pesca recreativa y esto va en aumento. Hay que regularlo y para ello no hacen falta más normativas, basta aplicar la Ley.
¿Por qué, a pesar de su importancia, no se ha creado aún la Reserva marina de Tramuntana?
—La reserva marina de Tramuntana, solicitada inicialmente desde Sóller, no se ha hecho porque no ha interesado. Es una reserva que afecta aguas exteriores que son competencia del Estado y, por tanto, a nivel autonómico no había medallas para colgarse. A pesar el consenso social favorable a la creación de esta reserva marina, la Comunidad Autónoma no ha realizado una buena gestión en este sentido. Esperemos que los responsables de la nueva Dirección General de Pesca se preocupen de presionar al Gobierno central para que finalmente sea una realidad esta zona de protección marina, que sería muy beneficiosa para el sector.