En tan sólo tres viviendas de la ciudad de Inca la Policía Nacional ha detectado a 85 extranjeros en situación irregular que constaban como empadronados en la capital des Raiguer. Durante la operación policial, agentes de la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) procedieron a la detención de tres personas como presuntos autores de varios delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en su apartado de favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental.
Las alarmas saltaron hace más de un mes siendo finalmente detenidas tres personas, dos hombres y una mujer, dos colombianos y un español. La investigación se inició al tenerse conocimiento de la existencia de tres viviendas en Inca en las que estaban empadronadas un total de 85 personas extranjeras. De las primeras gestiones realizadas se pudo determinar que una buena parte de esas personas se encontraban en situación de estancia irregular en España (un total de 67 en su mayoría de origen marroquí) y otras nunca residieron en esos domicilios, ni siquiera hay constancia de que hubieran estado alguna vez en España. Todos los implicados han sido expedientados y propuestos para una sanción de 1000 euros por persona irregularmente empadronada, siendo un total de 67.000 euros.
Como consecuencia de esos expedientes administrativos sancionadores se detectó la existencia de presuntas infracciones de índole penal como lo son las falsedades documentales y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (favorecimiento de la inmigración irregular). El Grupo I de la UCRIF de la Policía Nacional continuó las averiguaciones pertinentes localizando a varias de las personas empadronadas irregularmente y averiguando que habían pagado una media de 400 euros a los presuntos autores, constatando que algunas de las personas que pagaron por esos empadronamientos fueron además 'estafadas', ya que pagaron y no fueron empadronadas. Los agentes tras reunir las pruebas suficientes procedieron a la detención de los dos primeros. Se trata de una madre e hijo de nacionalidad colombiana, admitiendo el segundo que participaba en los hechos por petición de su madre. El tercero, independiente de los anteriores y de origen español también fue finalmente detenido y remitidas las diligencias policiales a los juzgados de Inca.
Este tipo de actuaciones está siendo muy utilizado para 'asentar' la inmigración irregular y así acceder a las diferentes ayudas sociales u obtener permisos de residencia de forma fraudulenta. Consentir la inscripción de un extranjero en el padrón municipal cuando dicha vivienda no constituya domicilio real del mismo es una infracción por cada persona extranjera inscrita indebidamente y dicha conducta puede ser sancionada con una multa de 501 hasta 10.000 euros por la Ley de Extranjería.