La operación contra elfavorecimiento a la inmigración ilegal llevada a cabo en Inca es tan sólo la punta del iceberg. Desde hace meses, agentes de la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) están investigando los diferentes padrones municipales en busca de presuntas estafas de extranjeros que se encuentran en situación irregular. Los infractores tratan de regularizar su situación y así acceder a las diferentes ayudas sociales u obtener permisos de residencia de forma fraudulenta. Los implicados acabarán detenidos en los próximos días.
En tan sólo tres viviendas de la ciudad de Inca la Policía Nacional ha detectado a 85 extranjeros en situación irregular que constaban como empadronados en la capital des Raiguer. Durante la operación policial, agentes de la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) detuvieron a tres personas por varios delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en su apartado de favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental.
Las alarmas saltaron hace más de un mes siendo finalmente detenidas tres personas, dos hombres y una mujer. La investigación se inició al tenerse conocimiento de la existencia de tres viviendas en Inca en las que estaban empadronadas un total de 85 personas extranjeras. De las primeras gestiones realizadas se pudo determinar que una buena parte de esas personas se encontraban en situación de estancia irregular en España (un total de 67 en su mayoría de origen marroquí) y otras nunca residieron en esos domicilios, ni siquiera hay constancia de que hubieran estado alguna vez en España. Todos los implicados han sido expedientados y propuestos para una sanción de 1.000 euros por persona irregularmente empadronada, siendo un total de 67.000 euros.
Este tipo de actuaciones está siendo muy utilizado para ‘asentar' la inmigración irregular y así acceder a las diferentes ayudas sociales u obtener permisos de residencia de forma fraudulenta. Consentir la inscripción de un extranjero en el padrón municipal cuando dicha vivienda no constituya domicilio real del mismo es una infracción por cada persona extranjera inscrita indebidamente y dicha conducta puede ser sancionada con una multa de 501 hasta 10.000 euros por la Ley de Extranjería.
Bastarí con que los "trabajadores" (modo irónico) del Ajuntament d'Inca invirtieran un segundo en aplicar un filtro informático para sacar listado de domicilios con más de 2 empadronados x habitación