«Pido perdón al señor Gijón por todo el daño que yo, con mis declaraciones le he causado». La madame del ‘caso Cursach' poco más dijo ayer en el juicio al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán. La antigua testigo protegida 31 del caso está imputada por falso testimonio en un juzgado de Instrucción, por sus mentiras durante el caso. Ayer empleó ese motivo para negarse a contestar a ninguna pregunta. Sobre los seis acusados dijo: «Los conozco. Ahora mismo no tengo ningún vínculo con ellos. Nunca hemos sido amigos, aunque yo creía que sí».
La testigo estrella del caso, que provocó la recusación del juez Penalva apenas declaró cinco minutos. Desde que apareció en la instrucción, de la mano de un empresario, en marzo de 2017, plagó el caso de acusaciones estrambóticas. Álvaro Gijón fue uno de sus principales objetivos: le acusó de ir a su burdel, que luego se demostró que no existía, de consumir cocaína en una paella en un torneo de pádel y de una larga serie más. Ayer pidió perdón.
La jornada de ayer se preveía explosiva, entre otras cosas por la declaración del fiscal Anticorrupción Juan Carrau y del juez Miquel Florit, quien inició la investigación por revelación de secretos. Ambos habían sido propuestos por el abogado defensor de Penalva y Subirán. Ambos le reponsabilizaron de ejercer como fiscal en la causa al mismo nivel que ellos. Sin embargo, el fin de semana presentaron un escrito para renunciar a su declaración y la del primer instructor. La acusación que representa al policía Rafael Estarellas, el abogado Gerard Palmer, intentó que se mantuviera la declaración del fiscal. «Se pasaron su declaración haciendo manifestaciones de descargo con el señor Carrau y correspondería que pudiera declarar». El tribunal desestimó la petición al no guardar relación con esa acusación.
Así, entre testigos no quisieron declarar y los que las defensas no quisieron escuchar, el declaración más extensa del día fue la del jefe superior de policía, José Luis Santafé, que estaba al mando de la Brigada de Policía Judicial durante buena parte de la instrucción de los casos Cursach y ORA. Contó que los policías de Blanqueo funcionaban al margen de los mandos policiales y que intentó cambiar esa situación, algo que le llevó a enfrentarse con Penalva. Indicó como, después del fiasco de las detenciones de la ORA intentó que hubiera órdenes judiciales para practicar nuevos arrestos. «Hubo varias llamadas telefónicas con el juez en el que le explicaba que estaríamos más cómodos con órdenes judiciales. En una me dijo: ‘si quieres, las habrá, pero atente a las consecuencias'. Lo interpreté como una amenaza». Más adelante, el abogado de los acusados preguntó: «¿No es más cierto que lo que le dijo fue que dejara en paz al grupo y que no interfiriese?» Respuesta: «Nunca me había sentido amenazado por un juez y me sentí amenazado». Añadió que en, en el contexto de esos años, se sintió solo y que veía «peligros razonables» si se enfrentaba de forma abierta con ambos investigadores.
Santafé explicó que, de inicio estaba en desacuerdo con algunas de las actuaciones de los agentes, pero consideraba que trabajaban correctamente. Entre esos motivos de desencuentro estaban las detenciones o las declaraciones de testigos protegidos. «Se hacían arrestos muy al límite, al extremo y su duración, en muchas ocasiones, me parecía excesiva. Entiendo que estaban jugando el partido al límite». Narró que medió para que los padres de Álvaro Gijón fueran puestos en libertad. Sobre los testigos, añadió: «Me dirigí al inspector porque la investigación tenía una excesiva carga de pruebas testificales. Le dije: ‘A mí, los testigos que tenéis no me dan una garantía muy grande. No me parecían los mejores del mundo y se lo decía para que se lo trasmitiesen al juez». Sobre Blanqueo, zanjó: «Yo pensé que trabajaba con personas a las que debía lealtad, pero por detrás estaban traicionándome. Es la deslealtad más grande que he visto en mi carrera. Aprovecharon la amistad que tenían con el juez y el fiscal para pasarnos por encima».
También explicó el inicio de la investigación por revelación de secretos. Señaló que, el subinspector Miguel Ángel Blanco, uno de los acusados, sospechaba que la filtración inicial surgió del Grupo de Blanqueo por una imagen y que pidió no investigarlo él. Así se decidió recurrir a los inspectores Márquez y Palomo que, antes ya se habían encargado de la denuncia falsa de la madame a dos mandos policiales.
La jornada se cerró con la declaración de otra testigo protegida. Afirmó que la declaración que hizo contenía una alusión a Álvaro Gijón que ella no había hecho. Sin embargo, fue una testifical muy inconcreta. Al no detallar coacciones de ningún tipo, el fiscal anunció que retirará la acusación por ese episodio en su momento.