«La situación para el denunciante era absolutamente estresante e intimidante. Se trataba de una promoción de pisos nuevos a punto de ser terminada con todo a estrenar y la ocupación no sólo impediría la entrega a los compradores, sino que además existía un riesgo evidente de que se produjeran destrozos importantes por parte de los ocupantes». El Tribunal Supremo ha confirmado las penas contra cuatro okupas que exigieron 8.000 euros a un promotor a cambio de abandonar un edificio de lujo en Palma. El constructor pagó el dinero a los acusados, que fueron condenados a penas que suman nueve años de cárcel.
«Los acusados disponían de todas las llaves del edificio y quedó acreditado que solo se moverían de las viviendas si el denunciante accedía a entregarles la cantidad de ocho mil euros», recoge la Sala de lo Penal del Supremo, que no ha admitido las peticiones de los abogados de los okupas, tres hombres y una mujer que fueron condenados por el juzgado de lo Penal 4 de Palma en 2021. La condena por el delito de extorsión es la primera de este tipo en España por un caso de okupación. El promotor fue representado en el juicio por el letrado Carlos Barceló.
Los hechos tuvieron lugar el 6 de mayo de 2019. El cabecilla del grupo, José G. B., Carlos Félix P. F., Tamara J. M. y Rafael B. M.– encontraron las llaves en un cajetín y ocuparon las viviendas situadas en la planta baja, primera, segunda y tercera del edificio situado en la calle Emili Darder, de Palma. «Se declara probado que la ocupación tenía como finalidad obligar a la promotora del denunciante a abonarles una cantidad de dinero a cambio de abandonar las viviendas». Cuando el promotor se enteró de la ocupación se personó de inmediato en el inmueble y habló con los acusados, que se negaron a abandonar la finca si no les daba dinero.
La víctima les ofreció 500 euros y luego 1.000 a cada uno, pero rechazaron estas cantidades y le exigieron 8.000. El constructor llamó a la policía y los agentes identificaron a los acusados. Posteriormente, el promotor, forzado por la situación y temiendo que permanecieran en el inmueble por un largo periodo de tiempo y que acudieran más familiares, les entregó los 8.000 euros que reclamaban. Una vez cobrados, los acusados retiraron todos los efectos que habían introducido en las viviendas y devolvieron las llaves. Los desperfectos y gastos ocasionados en las casas ascendieron a 6.033 euros. Los tres hombres y la mujer fueron finalmente detenidos por los agentes de la Comisaría Oeste de la Policía Nacional.