El exjuez Manuel Penalva y exfiscal Miguel Ángel Subirán se defienden con un furibundo ataque a la Fiscalía Anticorrupción centrada en el representante del Ministerio Público en el ‘caso Cursach' y en su propia causa: Tomás Herranz. Piden que sea recusado y apartado del procedimiento por una supuesta «pérdida de imparcialidad». En un centenar de páginas de escrito de defensa, presentado ante el TSJIB, no hay una línea para defender las detenciones del ‘caso ORA' y otras actuaciones en esa investigación que nutre el grueso de la acusación por la que se reclaman más de cien años de prisión a cada uno.
El núcleo de la defensa está en buscar una nulidad de todas las actuaciones, en concreto de los mensajes de WhatsApp que les incriminan. Sostienen que toda la instrucción es nula a partir del acceso a los móviles de periodistas. Las conversaciones surgen del teléfono móvil de un policía de Blanqueo que entregó el terminal de forma voluntaria. Sobre las revelaciones de secreto por las que se les acusa sostienen que éste era «muy relativo» y que otros medios también publicaban noticias sobre el ‘caso Cursach'. También acusan a policías de filtrar datos sobre ellos a este diario.
El principal objetivo, en cualquier caso es Herranz. Le acusan de una actuación «indigna» en el juicio del ‘caso Cursach', de vaciar de contenido la vista con retiradas de testigos. También apuntan al otro fiscal del caso, Juan Carrau. En su caso afirman que torpedeó la investigación a Cursach. Denuncian vivir en una situación de «presión y acoso». Entre otros testigos piden que comparezca el fiscal jefe.