En la estela de Pedro Sánchez, también Francina Armengol aspira a liderar una coalición de izquierdas que consiga sumar más votos que el centro derecha, con unos socios a los que une el rechazo a la Constitución y la animadversión al PP. Cuentan para ello con un poderoso instrumento, el dinero público.
En una conversación escuchada en la cola de un supermercado una compradora decía a la otra: «el Gobierno es un desastre pero en las elecciones votaré a Sánchez no fueran a quitarnos lo que nos pagan ahora». Las primeras urnas serán las de mayo próximo, salvo que la demoscopia aconsejara al presidente una convocatoria anticipada, y para la ciudadana de la cola su elección está decidida, aunque el interfecto no se presente. La relación exacta de subvenciones y ayudas públicas de las diferentes administraciones – se desenvuelven en una reñida competición de esplendideces – desbordaría la extensión de este comentario: pensiones, transporte gratuito (los sindicatos del servicio ferroviario ya hablan de ‘tormenta perfecta' por la imprevisión en materiales y personal ante el incremento de pasajeros), subvención a la gasolina, ayudas al alquiler, ampliación dineraria a las asignaciones al paro, matrículas universitarias también gratuitas, Ingreso Mínimo Vital, aportación única a los jóvenes que cumplan la edad de votar, bonos para suculentos descuentos en los comercios (a pesar de los que el pequeño y mediano comercio de Palma teme el final de año y el consiguiente balance, seriamente afectado por la inflación) y muchas más, que, aunque en distintos casos la burocracia impide en la práctica su consecución, el efecto propagandístico ya está conseguido, objetivo prioritario para concitar las adhesiones necesarias.
Pero si en las expectativas de la izquierda el dinero público puede sumar, también hay restas. Pedro Sánchez, en primer término. Sin ánimo de exhaustividad, porque las fechorías son muchas más: abolición del delito de sedición y rebaja de la malversación al dictado de los independentistas; ley del ‘solo sí es sí' y ley ‘trans', por exigencia de Podemos; demolición de la separación de poderes, por conveniencia propia, y Arnaldo Otegui: «Se da la paradoja de que no hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar no lo sostenemos».
Asimismo, el VAO de Sevillano detrae adhesiones: el colapso en el acceso a Palma desde el aeropuerto se producía en tres carriles, y ahora, aumentado, solo en dos, y tan campante. Y José Hila. Hay que tener mucho valor o una absoluta ausencia de la realidad para revalidar como candidato a la alcaldía de Palma (prácticamente la mitad del censo electoral de Baleares) al actual primer edil. Una medida popular como la de paralizar momentáneamente el derribo del restaurante El Bungalow, en Ciutat Jardí, no redime un mandato que ha provocado la mayor degradación de la calidad de vida que se recuerda en Palma, una ciudad que nada tiene que ver con la idílica imagen que pretende proyectar Hila en cuantas ocasiones se le plantean de manifestarse públicamente. Quizá como emblema puedan servir las galerías de la Plaça Major. Después de más de tres años cerradas, la reforma según un concurso de ideas que continua en un cajón municipal, no empezarán antes de 2024. Sólo es un ejemplo.