En una jornada, el juicio del ‘caso Cursach' sale con un cuarto de acusados menos. La primera sesión sirvió para absolver la ex directora general de Turisme, Pilar Carbonell; el director de Tito's, Jaume Lladó; los funcionarios del Govern y de Palma, Bernardí Seguí y Julián Garaú y dos empleados del Grupo Cursach, Antonio Bergas y Arturo Segade. Contra todos ellos ya había retirado la acusación la Fiscalía. Las acusaciones particulares se suman a este criterio. A falta de acción penal en su contra, todos ellos están fuera del juicio ya. No tendrán que volver. Ya quedan 17 en el banquillo.
La sesión estuvo centrada en aclarar de qué se acusaba exactamente a cada cual. Las acusaciones públicas y particulares tuvieron su trámite para aclarar sus calificaciones y plantear posibles nulidades. Ahí, la estrella de la mañana fue la abogada Teresa Bueyes, conocida por su participación en programas de televisión y en casos vinculados con la ‘prensa rosa'. Apareció como abogada de un grupo de empresarios de Magaluf y planteó que toda la causa vuelva a la instrucción. «Entendemos que es nula esta pieza separada. Se han hecho trampas a esta parte y están negando a las víctimas sus derechos».
El problema para esta acusación es que quiere incluir más hechos contra Cursach, vinculados a una serie de incidentes en la plaza Illes Pitiüses de Magaluf. Sin embargo, presentaron su calificación cuando el plazo había vencido y la Fiscalía y las defensas entienden que se tienen que ceñir a lo que diga Fiscalía. Bueyes quiere devolver el caso a la instrucción para ampliar el objeto del juicio. El abogado de Cursach, Enrique Molina, aplaude la idea: «Si ese es el planteamiento, lo compro». Sostiene que esa nulidad implicaría archivar todo el caso. La Fiscalía rechaza esa nulidad porque señala que esta acusación ha tenido la oportunidad de recurrir y recordó que el juez instructor ya les acusó de actuar en «fraude procesal». Esa petición de nulidad sirvió para que las defensas comenzaran a abonar el camino para sus cuestiones previas: «Está claro que hay una nulidad y que se han vulnerado derechos, pero por otros motivos», insistió el abogado de Sbert, Antonio Martínez.
El otro caballo de batalla para las acusaciones particulares fue la modificación de la acusación por parte de Anticorrupción. Antes, el fiscal Juan Carrau, explicó sus motivos: «El contenido de la acusación por cohecho derivaba de manifestaciones testificales que no solo son inverosímiles sino claramente falsarios». El Ministerio Público acusa de mentir en otros procedimientos penales a testigos como el 29 o la Madame. Sin embargo, para las cuatro acusaciones particulares el motivo no vale. «No se entiende el por qué», según el abogado Álvaro Martín Olmos, que representa a empresario de Palma. La Sala zanjó el asunto. La Fiscalía tiene margen para decidir de qué acusa y de qué no y su escrito es una «cortesía» para las partes que no genera indefensión, por lo tanto es válido y con él, las rebajas de penas. Lo que dejó pendiente de resolver fue la petición de nulidad planteada por la acusación particular. Resolverá más tarde en un auto.
La primera en marcharse del juicio fue la Abogacía de la Comunitat que también retiró de forma íntegra la acusación. Solo la ejercía por la trama en torno a Pilar Carbonell y sus conversaciones con Sbert. «No solo es que no encontremos una resolución prevaricadora, vamos más allá, no vemos salida para una calificación alternativa». También puso voz a una realidad compartida por otras partes: hasta que la causa no ha llegado a la Audiencia y la Sala ha reconstruido todo el expediente, no se ha tenido constancia exacta».
La única duda que queda sobe los acusados que seguirán en el juicio estriba en el funcionario de Calvià Jaume Nadal. La Fiscalía le retira la acusación pero la acusación particular representada por Bueyes pretende mantenerlo. Cuando la Sala decida si esta parte puede actuar de manera autónoma o si debe plegarse a lo que diga el fiscal dependerá el futuro del acusado. Su defensa, ejercida por el abogado David Salvà considera que la acusación particular intenta mantenerle por mero interés económico: «Sin el señor Nadal no habría responsabilidad civil subsidiaria del Ajuntament de Calvià», señala y considera que por eso se intentan mantener los cargos. La Fiscalía justifica la absolución de este funcionario en un informe del Consell Consultiu que avala la legalidad de su comportamiento en la revisión de la licencia de BCM.