La simple mención al juez instructor de buena parte del caso y ahora procesado en el TSJIB, Manuel Penalva, enciende los estrados. La abogada Teresa Bueyes, que representa a empresarios de Magaluf, pidió de forma expresa su comparecencia como testigo. El motivo es que quiere que el entonces instructor explique qué es lo que quería incorporar a la pieza separada que ha terminado siendo este juicio cuando la abrió: «Es importante que aclare lo que está en la causa y lo que no». Además, la acusación señaló para apoyar sus tesis que había hablado con el magistrado para preparar el juicio.
Esta alusión desató las críticas de las defensas. Uno de los letrados, Gaspar Oliver, resumió: «La acusación está en flagrante fraude de ley por cuanto estamos ante una acusación instrumental en la que se defienden intereses propios y ajenos». En los próximos días arreciarán estas críticas. Las defensas plantearán la expulsión de estos testigos, entre otros motivos, porque sostienen que sirven para defender los intereses de Penalva y del exfiscal, Miguel Ángel Subirán. Ambos fueron procesados por el TSJIB la semana pasada por posibles delitos de prevaricación y de coacciones a testigos.
Bueyes también intentó sembrar ciertas dudas sobre las «trampas» procesales que, según su criterio se han llevado a cabo para limitar su acusación e insinuó: «No quisiéramos pensar que esto tenga algo que ver con tan poderoso acusado como el señor Cursach». La alusión fue cortada en seco por la presidenta del tribunal que le advirtió que no tolerará acusaciones ni comentarios que no estén basados en indicios. También hubo alusiones a cómo un funcionario del juzgado llamó a estos empresarios para que formalizasen acusación cuando no se habían personado aún. «Es algo que alarma», sostienen las defensas.