Las acusaciones particulares en el ‘caso Cursach' mantendrán el núcleo de sus acusaciones contra el empresario. De hecho, el grupo que aglutina a la mayor parte de los hosteleros supuestamente perjudicados por Cursach, presentó este miércoles un escrito ante la Audiencia para intentar apuntalar a sus testigos. Aportan la serie de grabaciones que el exfiscal Miguel Ángel Subirán realizó durante meses a testigos de la causa principal para intentar defenderse de coaccionarlos en el TSJIB.
Subirán, ahora procesado por la Sala de lo Penal por delitos de prevaricación, revelación de secretos y amenazas se dedicó durante varios meses a grabar sus conversaciones telefónicas con testigos del ‘caso Cursach'. En todas ellas intentaba que estas personas se reafirmaran en sus declaraciones y rechazaran que habían sido coaccionados o manipulados por él. Luego las aportó al Tribunal Superior de Justicia. En total son 44 grabaciones a diferentes testigos. Entre ellos, algunos de los más explosivos del caso como Daniel Corral Artidiello, el antiguo testigo protegido 29 del caso.
En el escrito remitido a la Audiencia, cita también el auto del TSJIB que revocaba el sobreseimiento de Subirán y el juez Penalva. En él se expresaba que la falsedad de los testigos «habrá de ser analizada en los juicios que en su caso se celebren en la causa Cursach y sus derivadas». Las acusaciones sí sopesan adaptar sus calificaciones al recorte de la acusación llevado a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, que suprimió episodios como las fiestas con prostitutas y orgías en Tito's al considerarlos poco verosímiles. De esta manera, sí es probable que el lunes, varios acusados se puedan levantar del banquillo al no haber acusaciones que actúen contra ellos y queden sin cargos el primer día del macroproceso. Sin embargo, a priori no habrá cambios en torno a Bartolomé Cursach y a Sbert. Al primero le piden hasta 41 años.
El apunte
Peticiones de pena de hasta 41 años de prisión al empresario
Las dos acusaciones más activas de cara al juicio representan a empresarios de Palma y Calvià que se consideran perseguidos por la Policía Local para beneficiar a Cursach. Mantiene peticiones de nueve años y medio y de hasta 41 contra el empresario y reclaman indemnizaciones que llegan a los ocho millones y medio. Su papel, sin embargo, es discutido por las defensas, que consideran que carecen de legitimidad y que, al menos una de ellas, solo puede mantener una postura adhesiva a la de la Fiscalía al presentar su calificación fuera de plazo.