Aunque los delitos más graves por los que el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán se sentarán en el banquillo de los acusados son las detenciones ilegales en el ‘caso ORA', el auto del TSJIB incluye también seis episodios concretos de amenazas y coacciones vinculados con la instrucción del ‘caso Cursach'. A cinco días del inicio del juicio, el auto de la Sala de lo Penal avala en estos casos los recursos de la Fiscalía y de las acusaciones.
Uno de estos episodios tiene que ver con la detención del supuesto ‘número dos' del caso, Bartolomé Sbert. El TSJIB acepta incluirlo a petición de su abogado, Antonio Martínez. En concreto, la Sala aprecia indicios de una coacción en la actuación de un policía. Cuando Sbert estaba en el calabozo, el agente se le acercó y le dijo que si no implicaba al exdelegado del Gobierno José María Rodríguez, se pasaría «por lo menos cincuenta días en prisión». Estuvo diez meses.
Otros dos tienen que ver con inducción al falso testimonio de dos testigos protegidos, el 28 y el 34. El auto recoge indicios de que a esta última le amenazaron con revelar a su madre que era prostituta si no aludía al piso de la madame. Asimismo se incluye en este relato a dos funcionarios de Cort. Ambos también declararon que sufrieron presiones para incriminar al Grupo Cursach. En el caso de uno de ellos estuvo dos meses en prisión preventiva y, gracias a un cambio de declaración, quedó en libertad preventiva. De estos hechos, el TSJIB responsabiliza al juez y al fiscal entonces al frente de las actuaciones.
Por otra parte, la Abogacía de la Comunitat presentó este martes un escrito ante la Audiencia Provincial en el que anunciaba su retirada del procedimiento. La decisión aprobada por el Consell de Govern sigue a la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de retirar la acusación por la única subtrama que afectaba a la Comunitat: la relacionada con la ex directora general de Turismo, Pilar Carbonell y un funcionario de la Conselleria. Ambos estaban acusados de favorecer a Cursach para agilizar la tramitación de una licencia del Megapark y se les reclamaban penas de inhabilitación. Sin embargo, la Fiscalía se retiró al apreciar que no había ninguna resolución por las que acusarlos. La Abogacía sigue así el criterio del Ministerio Público.