El sargento que mató de un disparo al legionario mallorquín Alejandro Jiménez durante unas maniobras en Agost (Alicante) ha sido destinado al regimiento Palma 47. El militar se encuentra de maniobras en Chinchilla (Albacete) y se incorporará próximamente a la base Jaime II. El Tribunal Supremo se pronunciará el 3 de mayo sobre si el hombre será enjuiciado por la jurisdicción militar o la ordinaria. La Fiscalía reclama una condena de siete años y medio de cárcel para el acusado.
Un capitán y otro teniente están acusados de alterar el escenario en el que se produjo el incidente. El capitán habría trazado un plan para encubrir lo que ocurrió, según el ministerio público, que solicita cuatro años y medio de prisión para él. Los hechos sucedieron el 25 de marzo de 2019. La acusación pública sostiene que el sargento disparó a 12,50 metros de distancia del legionario mallorquín, que se encontraba con la rodilla en tierra y su fusil orientado al suelo. Alejandro Jiménez, de 21 años, estaba comprobando su armamento tras agotar la munición.
El sargento, según la versión de la Fiscalía, recriminó con insultos a un compañero que rompió a llorar e intimidó a testigos para influir sobre ellos durante el procedimiento. A uno de los legionarios lo habrían acosado por alertar a los investigadores de la Guardia Civil sobre lo ocurrido. El capitán de la compañía habría dado órdenes a los integrantes de los dos pelotones que participaban en las maniobras para encubrir los hechos con «mentiras» y «alterar el escenario». El juez, en el auto de procesamiento, concluyó que pretendieron ocultar lo que pasó silenciando aspectos determinantes. La víctima pertenecía al Tercio Don Juan de Austria 3º, que está desplegado en la base Álvarez de Sotomayor en Viator (Almería), sede de la Brigada ‘Rey Alfonso XIII' II de La Legión. Al legionario le fue impuesta la medalla al mérito militar con distintivo amarillo por haber fallecido en acto de servicio.
El apunte
Silenciaron aspectos «determinantes» con el objetivo de «dificultar la investigación»
El juzgado Togado Militar número 23 de Almería, que acordó el procesamiento de ocho personas por la muerte del legionario mallorquín, explicó en su auto que hubo una «evidente contradicción entre el resultado de los informes y las declaraciones». El magistrado señaló que los investigados «pretendieron ocultar lo realmente acontecido» y que silenciaron aspectos «determinantes y tergiversando otros» con el objetivo de «dificultar la investigación policial y judicial y el descubrimiento de lo sucedido».