Apenas media docena de okupas han terminado con condenas de cárcel en Balears. La sentencia pionera de un juzgado que impone penas de prisión por extorsión y grupo criminal es la única en España que recoge esos delitos y de las pocas que se saldan con ingreso en prisión de los usurpadores. El abogado que ha ejercido la acusación particular en este caso, Carlos Barceló, destaca la importancia de la resolución a la hora de dar una respuesta clara a los grupos que, como en este caso, exigen dinero a los propietarios para marcharse de la vivienda. «Desarrollan un plan para extorsionar, el objetivo era intimidar al promotor», destaca.
«La usurpación pacífica de una vivienda es un delito leve en España que se resuelve con una pena de multa y la orden de desalojo», explica. «Para que haya un delito más grave es necesario un plus, en este caso fue un teatro para extorsionar al propietario», añade. Otros asuntos zanjados con prisión incluyen el robo del mobiliario de la vivienda ocupada o el incendio del inmueble. El caso de la okupación del edificio de Emili Darder y la extorsión al propietario, que tuvo que pagar 8.000 euros para que se fueran los cuatro acusados, provocó una reacción en el momento de los hechos. Fue uno de los detonantes de la instrucción del fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló a los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Además, en los últimos meses, la respuesta judicial a las okupaciones se ha desplazado cada vez más al ámbito penal en la busca de que los juzgados de instrucción decreten el desalojo de la vivienda como una medida cautelar sin esperar a la sentencia.