De las 48 supuestas víctimas de la instrucción que llevaron a cabo el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, solo podrá haber siete recursos contra el auto que exculpa a ambos de los delitos más graves que se les imputaban.
Antes de acordar continuar la causa sólo por delitos relacionados con la revelación de secretos en el ‘caso Cursach' y sus derivadas, el magistrado instructor, Carlos Gómez, limitó a siete los abogados que pueden presentar recursos contra sus decisiones. Para simplificar la instrucción acumuló bajo siete representaciones procesales a los 48 afectados. Aunque esa decisión ha sido recurrida, limitará el número de alegaciones que llegarán ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJB.
En paralelo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial desestimó el pasado 25 de noviembre reconocer una «especial dedicación» de Gómez a esta instrucción. Se trata de una calificación que permite liberar de otra carga de trabajo o implementar refuerzos en caso de que un magistrado tenga que manejar un asunto de una especial complejidad que le impida asumir el resto de trabajo. En este caso, la petición de Gómez fue desestimada por una comisión técnica.
Los recursos que preparan las partes, plantean, entre otras cuestiones, que la instrucción del caso no se puede dar por finalizada ya que aún no han podido acceder a parte de la prueba como el contenido completo del teléfono móvil de la inspectora jefe del Grupo de Blanqueo, aportado hace unas semanas.
Si la Sala de lo Penal del TSJB rechaza los recursos de las partes para ampliar los delitos por los que Penalva y Subirán serían juzgados, las acusaciones pueden acudir aún al Tribunal Supremo.