El auto en el que el magistrado instructor cierra la investigación pilló a la mayoría de acusaciones por sorpresa y ha sido recibido con evidente disconformidad. Las 48 acusaciones particulares personadas plantearán una oleada de recursos contra esta decisión porque consideran que sí hay indicios para que se abra juicio por más delitos. Esos recursos tendrán que ser resueltos por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior.
La incógnita es cuál será la reacción de la Fiscalía Anticorrupción: los dos fiscales que han actuado desde Madrid en esta investigación, Tomás Herranz y Fernando Bermejo, han mostrado una mayor combatividad durante la instrucción que el instructor y habían pedido alguna diligencia más que ahora ha sido rechazada.
La investigación que ahora se cierra fue iniciada por el juez Miquel Florit a raíz de la publicación de un informe policial que aún no había sido proveído por el magistrado. Era 2018. El TSJB asumió la investigación a principios de este año.
En paralelo, dos inspectores de la Policía Nacional presentaron hasta ocho informes diferentes en los que se ponían de manifiesto las mentiras de los principales testigos del ‘caso Cursach' y sus derivadas. En esta investigación afloraron los grupos de Whatsapp entre juez, fiscal y los policías del Grupo de Blanqueo en torno a los que se construían las sospechas de delito que ahora son descartadas.
Los delitos que deja abiertos el auto de Carlos Gómez están castigados en su mayoría con penas de inhabilitación. Solo en los casos más graves de revelación de secretos se contemplan penas de prisión entre uno y tres años. El fiscal Subirán ha sido ya jubilado por incapacidad y el juez Penalva sigue de baja desde hace casi dos años.