El juez ha decretado libertad con cargos para el violento okupa que agredió a un técnico de Endesa cuando iba a cortar el suministro eléctrico. Agentes del Grupo de Investigación Centro del Cuerpo Nacional de Policía procedieron este viernes a la detención del hombre, de 27 años, acusado de un presunto autor de delitos de coacciones y lesiones, al agredir a un trabajador de una compañía eléctrica.
Los hechos ocurrieron este jueves, a las 8.30 horas, en la calle Henri Dunant número 1 en la barriada de Son Oliva, tal y como informa en un comunicado la Policía Nacional.
Trabajador
Un trabajador de Endesa acudió a la comunidad de vecinos para cortar la luz, donde hace aproximadamente dos meses, un individuo asaltó una vivienda. Cuando el operario entró al cuarto de contadores para cortar el suministro eléctrico, el violento y peligroso okupa accedió al habitáculo, cerró la puerta y amenazó al empleado para que volviera a conectar la luz. Cuando el trabajador de Endesa se negó, el acusado comenzó a propinarle golpes. También le arrebató el teléfono móvil y le impidió que abandonara el lugar hasta que le restableciera el servicio.
En un momento dado, ambos hombres iniciaron un forcejeo en el cual el operario aprovechó para huir corriendo y solicitar ayuda. El trabajador tuvo que ser asistido en el hospital. Los vecinos de la calle Henri Dunant 1 de Palma lo tienen muy claro. «No son okupas. Lo único que hace esta gentuza es extorsionar a los propietarios de las viviendas ocupadas con la única intención de conseguir 8.000 euros de una forma rápida y sencilla. Hay que hablar muy claro, los gitanos que accedieron a la vivienda lo primero que hicieron fue preguntar por la propiedad del inmueble para proponerle un acuerdo económico para irse», apuntan los residentes.
Fuentes policiales han confirmado a Ultima Hora que se trata de un grupo delictivo que, al igual que algunos integrantes del clan de ‘Los Peluos', utilizan la extorsión para conseguir dinero de propietarios o constructores. Desde hace tiempo, policías locales, guardias civiles y policías nacionales acusan a los jueces de permitir la proliferación de okupas.
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