Entre 1.500 y 3.000 euros. Esa era la cantidad que los inmigrantes con problemas para comprender el castellano pagaban a la red desarticulada por la policía para obtener un carnet de conducir de forma fraudulenta.
Este viernes, la Jefatura de Policía explicó que la organización desmantelada está acusada de los delitos de pertenencia a grupo criminal, revelación de secretos, falsificación documental y contra la Administración del Estado. La investigación empezó cuando los agentes tuvieron conocimiento de que una red fraudulenta operaba en Palma y que alumnos extranjeros acudían a ella para garantizarse, previo pago, un carnet de conducir con el que poder trabajar legalmente en España.
De forma muy discreta, policías se infiltraron en exámenes de Tráfico y comprobaron cómo operaba el grupo criminal. Los examinados, muchos de ellos paquistaníes o de origen indio, accedían a la sala de exámenes con un teléfono móvil oculto bajo las ropas, a la altura del pecho.
La cámara del smartphone apuntaba hacia el examen, de forma que el experto en materia de tráfico que estaba fuera, pero no muy lejos de allí, veía el papel y le chivaba las preguntas a través de un auricular.
La operación policial se llevó a cabo justo en el momento en el que el implicado le filtraba las preguntas al asiático. Ambos fueron detenidos y se les incautaron los teléfonos móviles y los pinganillos camuflados. El dueño de una autoescuela de Palma, de 61 años de edad, también fue imputado y otros tres inmigrantes fueron arrestados por comprar los carnets. La policía ha advertido que la operación sigue abierta y hay más implicados.