Terremoto político y judicial en el caso de la trama de corrupción policial, conocido popularmente como 'caso Cursach'. El exalcalde y actual regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, José Hila, se defiende este domingo a través de un comunicado oficial de las grabaciones que un policía local de Palma le hizo durante un encuentro informal en el año 2017. En ellas, Hila reconoce que fue extorsionado por el juez Penalva y el fiscal Subirán.
En un escrito, el consistorio aclara en cinco puntos su postura respecto a estas grabaciones. «Quien ha grabado la conversación buscaba que el exalcalde y regidor dijera algo que no dijo. Provocó una situación en un ámbito personal que genera dudas éticas».
El Ayuntamiento aclara que «las únicas afirmaciones de José Hila van en el sentido de analizar y gestionar el tema de las bajas [policiales]. Una situación que se gestionó en el marco de sus competencias. En ningún caso, acusa al fiscal de amenazas o coacciones, a pesar de que su interlocutor lo intentó provocar».
Como tercer y cuarto punto del comunicado, se hace referencia a que prefieren ser prudentes en este caso, ya que la investigación continúa abierta. Recuerda que la siempre han colaborado con la Justicia.
Finalmente, lamentan: «La grabación es una práctica que vulnera el código deontológico de los policías así como la obligación de respetar a su superior jerárquico. Demuestra de falta de ética y profesional, y genera una mala imagen de la Policía Local de Palma. Recordar que se trata de un policía condenado».