Una empleada de la empresa investigada por presuntamente distribuir carne en mal estado en Mallorca ha manifestado este lunes ante el juez que nunca denunció las presuntas irregularidades porque tenía «miedo» de la empresa.
La empleada ha declarado la mañana de este lunes en calidad de investigada en el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, según han informado fuentes jurídicas. Por otro lado, este lunes también ha declarado como investigado el jefe de personal de la empresa, que ha negado las acusaciones.
Este investigado ha rechazado tanto la presunta explotación laboral como las supuestas malas prácticas respecto a la manipulación de alimentos.
El empleado ha desmentido que los empleados trabajaran sistemáticamente más horas de las que cobraban o que se les hiciera firmar nóminas por importes superiores a lo que realmente ganaban. También ha indicado que nunca ha recibido ninguna queja, que se pagaban las horas extra y que los trabajadores disfrutaban debidamente de sus descansos y vacaciones.
Respecto a los cambios el etiquetado de los alimentos, el investigado ha asegurado que es una práctica habitual para entregar los productos con la etiqueta de la empresa y no con la del proveedor original, y poder obtener un margen de beneficio sin que los clientes se salten la cadena de distribución. Sobre las fechas en las etiquetas, ha defendido que es normal cambiarlas cuando se recibe género fresco y se congela, porque cambia la caducidad.
Por otro lado, la defensa de la empresa ha aportado al Juzgado escritos de restaurantes a los que prestaba servicio la empresa, en los que éstos afirman no haber tenido incidentes ni con los pesajes ni con la calidad del producto.
Según las fuentes consultadas, algunos de estos clientes son restaurantes con estrellas michelín. La defensa de la empresa pedirá que declaren en la causa.
La Policía Nacional informó a finales de marzo de la detención de tres personas y la intervención de 50 toneladas de carne de esta empresa, que prestaba servicio a todo tipo de servicios de restauración.
Se detuvo a tres personas que quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial, pero se decretó el cese de actividad de la empresa. Se les imputan presuntos delitos de estafa, falsedad documental, delito contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores y contra la seguridad social.