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La Policía no tiene constancia de ningún afectado por carne en mal estado en Mallorca

La responsable de la conselleria ha destacado «la opacidad de la empresa, que no disponía del programa sanitario que establece el protocolo». | Policía Nacional

| Palma |

El jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Rafael Cladera, ha asegurado que no tienen constancia de ningún afectado por carne en mal estado a raíz de las detenciones de tres personas acusadas de distribuir carne caducada en Mallorca.

En rueda de prensa Cladera subrayó que «tenemos la garantía de que los productos no se han consumido desde la intervención en la empresa», aunque reconoció que «no podemos saber si ha llegado a los clientes con anterioridad».

Es probable que la carne llegara a los consumidores, ya que la directora general de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut, Margalida Buades, declaró que «no sabemos desde cuando se llevaban a cabo estas prácticas, pero creemos que podría hacer un año». «No tenemos constancia de irregularidades anteriores por la opacidad de la empresa y porque no disponía del programa sanitario que establece el protocolo», apuntó.

Buades, que agradeció la labor realizada por la Policía Nacional, calificó como «grave incumplimiento de la normativa» de la empresa, cuyo inició de actividad se ubica en 2011, si bien con el paso de los años realizó una serie de ampliaciones de servicios.

En un principio el grueso de sus clientes está en Mallorca y se descarta que trabajara a nivel nacional. Sus productos llegaban de fuera, pero las actuaciones deficientes se llevaban a cabo en el proceso de conservación o manipulando el etiquetado.

La operación Biltong (un tipo de carne seca originaria de la cocina sudafricana) arrancó a principios de mes a raíz de la denuncia de un trabajador, mientras que el informe solicitado por un cliente a un laboratorio externo confirmó la presencia de salmonella en una partida.

Un restaurador desconfió del estado de la carne y mandó analizarla. La directora general explicó que están pendientes de los juzgados para que se lleven a cabo más pruebas y si corresponde proceder a la destrucción del material intervenido.

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