El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha rechazado este martes las medidas cautelares solicitadas contra el juez y el fiscal del caso Cursach, Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán, en una querella presentada por el abogado Vicente Campaner, que este lunes encabezó una manifestación para pedir la inhabilitación de ambos.
La Sala Civil y Penal del alto tribunal autonómico, que aún no ha resuelto sobre la admisión a trámite de la querella planteada por el letrado Vicente Campaner en nombre de una mujer relacionada con uno de los imputados en la causa de presunta corrupción, rechaza en un auto dictado este martes la detención del juez y el fiscal.
El letrado, en nombre de la querellante, también había pedido que el TSJIB decretara la libertad de todos los presos preventivos de dos subpiezas del caso Cursach, así como la retirada de las armas de fuego a todos «los implicados en la presente causa y sus auxiliares», los agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía.
«La adopción de semejantes medidas cautelares constituiría la invasión indebida (y algo más) de un ámbito jurisdiccional ajeno a ese tribunal, cuando en el procedimiento contempla las adecuadas posibilidades de atacar o combatir las resoluciones adversas o incorrectas dentro del propio procedimiento», subrayan los magistrados.
En el auto dictado este martes, el TSJIB recuerda que la querellante inició el proceso el pasado 31 de agosto con una denuncia donde se presentaba como perjudicada directa y demandaba la grabación de todas las declaraciones en la instrucción, querella que se amplió en tres ocasiones hasta finales de octubre.
El tribunal solicitó cada vez a la Fiscalía que se pronunciase sobre la querella, que el ministerio público pidió que no se admitiera a trámite, y además requirió a la denunciante la prestación de una fianza porque no era perjudicada directa en la causa.
Asimismo, la querellante fue aportando transcripciones y grabaciones de declaraciones ante el juez y el fiscal con las que intentaba probar que ambos manipulaban a los testigos y más recientemente las manifestaciones de la testigo protegida 31 que se ha desdicho de parte de sus acusaciones y ha explicado que Subirán y Penalva han condicionado sus incriminaciones.
«La relación de antecedentes enumerados evidencia las múltiples incidencias surgidas», indica la sala, que subraya que la querella, «cadenciosamente nutrida con aporte de nuevos datos», no ha sido admitida a trámite, pero tampoco rechazada.
Este último hecho ya es «un severo escollo» para poder considerar las medidas cautelares solicitadas, pero además la petición «cursa con eminente desprecio de la independencia judicial constitucionalmente consagrada», porque «no es posible dirigir instrucciones ni prevenciones a los jueces sobre el modo de decidir, salvo la potestad de revisar sus decisiones, en todo caso mediante los recursos establecidos para ello».
Lo que solicita el letrado de la querellante, supondría la «arrogación de atribuciones judiciales» ajenas al TSJIB. «En definitiva, una actividad que recuerda el delito de usurpación de atribuciones», inciden los magistrados.
«Aunque esta sala apreciase déficit de imparcialidad por los hechos relatados en la querella y sus constantes amplificaciones, no por ello resultaría alterada su competencia», recalcan.
Además de denegar las medidas cautelares, el TSJIB ha requerido que se subsanen defectos apreciados en la supuesta autentificación de la transcripción de las conversaciones de whatsapp presentadas el pasado jueves por el querellante y ha concedido un plazo de 5 días a la Fiscalía para que se pronuncie de nuevo sobre la querella en vista de los nuevos hechos relatados.