Los fiscales Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau reclaman penas que suman veinte años de cárcel para los tres policías locales de Palma a los que acusa de trato vejatorio a una compañera homosexual.
Es el primer escrito de calificación provisional que se presenta a raíz de la causa de corrupción en el cuerpo y pone el listón alto por la contundencia de las condenas que se reclaman. Entre los acusados está el excomisario Rafel Estarellas, al que se reclaman cuatro años y medio por un delito contra la integridad moral. Todas las peticiones se aumentan porque el ministerio público considera que concurre el agravante por actuar por motivos de discriminación por orientación sexual.
En todo caso, la petición de pena más elevada se formula contra el agente Rafael Puigrós, que se encuentra ahora mismo en prisión preventiva. Éste afronta una posible condena de diez años y nueve meses de cárcel. Su compañero Alberto Juan, que también está en la cárcel, afronta una petición de seis años y medio.
Los fiscales señalan que desde el año 2007 hasta hoy, los dos policías, miembros de la unidad motorizada «se pusieron de acuerdo con la finalidad de humillar, menospreciar y ridiculizar» a su compañera. «Ello lo efectúan movidos por su odio y desprecio a la condición sexual de la agente».