Francisca Nicolás, de 77 años, y su marido Alberto, de 64, fueron agredidos hasta en nueve ocasiones por los vecinos de la puerta de enfrente en su piso de Palma. Ahora, un juez los ha condenado.
Los ataques comenzaron con la llegada de los acusados al edificio en el año 2013. Según las víctimas, los agresores mostraron actitudes violentas desde el principio. Los vecinos justificaban los insultos y los golpes porque aseguraban que los ancianos les robaban las cartas y les arañaban la puerta de su vivienda.
Ambos matrimonios comenzaron a denunciarse mutuamente. La justicia obligó a Francisca a indemnizar con 200 euros a su vecina por increparla y llamarla «gorda». En mayo de 2014, el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma impuso una orden de alejamiento de 10 metros al joven matrimonio por varias faltas por lesiones. A pesar de esta decisión judicial, los agresores violaron la orden de alejamiento. Además, continuaron las palizas contra las víctimas. En una de estos episodios el agresor fue detenido por la policía.
Frente a la incesante violencia de los vecinos, Francisca instaló una cámara en las zonas comunes del edificio, con permiso del resto de la comunidad. A pesar de haber sido aprobado por la oficina de protección de datos, el condenado denunció a Francisca por violar su derecho a la intimidad. El juzgado desestimó su denuncia, por lo que la anciana pudo utilizar las imágenes de la cámara de vídeo como prueba de los salvajes ataques.
Después de tres años de espera, la sentencia judicial ha condenado al joven matrimonio a un año de prisión por dos delitos de lesiones. Sin embargo, las víctimas demandaban tres años y que los vecinos procesados abandonaran el inmueble.