El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Juan Manuel Sobrino ha decretado, a petición de la Fiscalía, prisión sin fianza para seis de los trece detenidos en el marco de una operación contra las mafias laborales que presuntamente se dedicaban a explotar a los trabajadores, a defraudar a la Tesorería de la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, además de incumplir de manera reiterada y sumamente peligrosa la normativa de sanidad alimentaria.
Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que el magistrado ha acordado asimismo el cierre cautelar de una veintena de establecimientos afectados por estas conductas ilícitas.
En concreto, sobre los arrestados, quienes han sido interrogados a lo largo de toda la jornada tras pasar a disposición judicial a primera hora de la mañana, pesan supuestos delitos de asociación ilícita así como contra los derechos de los trabajadores, la Seguridad Social, Hacienda y contra la salud pública.
Los otros siete detenidos fueron puestos en libertad por la Policía Nacional, encargada de la operación llevada a cabo junto a la Inspección de Trabajo y la Inspección de Sanidad.
La U.C.R.I.F coordinó el dispositivo en el que participaron más de 100 agentes de la Jefatura Superior de Policía y que tenía como objetivo principal diversas empresas de restauración ubicadas en la zona centro de la capital mallorquina. El operativo se inició a través de denuncias de particulares que fueron tomando una compleja forma delictiva gracias a las pesquisas propias de los investigadores.
Según informaron fuentes policiales, la trama estaba tan bien engrasada y organizada que los delincuentes han sido acusados también de asociación criminal.
Así, destacaron que se ha llegado a determinar por efectivos del grupo de investigación que alguno de los empresarios habría amenazado y empleado la violencia con uno de los trabajadores que reivindicó sus derechos laborales, en al menos una ocasión.
Según los primeros cálculos estimativos realizados por los investigadores de la U.C.R.I.F., la cantidad defraudada a la Tesorería de la Seguridad Social podría ascender a más de un millón de euros en cuotas impagadas. Asimismo, se habrían intervenido más de 500.000 euros en metálico a los empresarios producto del impago a trabajadores y proveedores.
La operación continua abierta y no se descartan nuevas detenciones de sujetos vinculados con estas prácticas delictivas.