Lo normal es que los 'narcos' introduzcan droga en Mallorca no que la saquen. El Tribunal Supremo ha condenado a penas que suman 64 años de edad a un grupo de 13 narcos que intentaron comprar 15 kilogramos de cocaína en la Isla. Los traficantes operaban desde distintas localidades catalanas y ya habían llamado la atención policial después de que les encontraran diez kilos de cocaína en el año 2008 en Barcelona. Sin embargo, otra parte del clan decidió en abril de 2009 hacerse con una gran cantidad de droga. Así, pactaron con un colombiano que residía en Mallorca la compra de 15 kilogramos.
El 11 de abril de 2009 dos de los acusados aterrizaron en Palma para cerrar la operación. Se alojaron en un hotel de Palma y mantuvieron una primera entrevista con el lugarteniente del vendedor en la terminal de llegadas de Son Sant Joan. Como en una película cerraron un segundo encuentro, en este caso en Porto Cristo. Allí ultimaron los detalles y quedaron al día siguiente para la entrega de la droga. Con lo que no contaban es que agentes del Cuerpo Nacional de Policía les vigilaban y mantenían informados al juzgado de Instrucción de Sant Feliu de Llobregat. Ante la inminencia de la entrega, el juez ordenó a la policía intervenir.
Los dos narcos que habían venido a Mallorca y el lugarteniente del vendedor se dirigieron a Porto Cristo en el mismo coche. Dejaron a uno de los compradores junto a la playa, frente a una hamburguesería. La policía detuvo a estos dos y después echó el lazo al tercero. A raíz de las detenciones encontraron en un domicilio de Cala Millor los quince kilogramos de cocaína. La pureza de la droga era también muy alta, de entre el 77 y el 85 por ciento. De esta forma se frustró la operación que, según se descubrió estaba destinada a llevar la droga a Lloret de Mar.
Este segundo golpe dejó a la red muy tocada. De hecho, la policía concluyó las operaciones contra el grupo con un último registro en Barcelona después de un intercambio de 25 gramos de coca en un bar.
Los trece acusados fueron condenados en primera instancia por la Audiencia Provincial de Barcelona y recurrieron al Supremo al entender que las escuchas telefónicas que les inculpaban eran ilegales. El alto tribunal rechaza este argumento y confirma las penas de cárcel.