Dos años después de que desaparecieran unos documentos claves en el denominado «caso Juego», los sobres que acreditaban que el empresario Ismael Martín Gago había presentado las guías para nuevas licencias de actividad han aparecido.
En junio del año 99 el citado empresario del sector interpuso un contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), denunciando que se sentía discriminado con el trato que recibía en la Conselleria d'Economia i Hisenda, en concreto del funcionario José Oliver Clar. Cuando interpuso la demanda alegó que le faltaban documentos «cruciales» y que supuestamente se habían traspapelado en la Conselleria.
Un año después estalló el denominado «Caso Juego», cuando Martín Gago contrató los servicios de un investigador privado para investigar las actividades de Oliver. El funcionario denunció al empresario, de forma que las demandas se cruzaron. Cuando estos acontecimientos sucedieron el secretario general técnico de la conselleria era Pablo Rivero Cortés, el actual coordinador del Govern balear y uno de los hombres de confianza del president, Francesc Antich.
El responsable será citado a declarar en calidad de testigo casi con toda seguridad el próximo mes de octubre, según informaron ayer en fuentes judiciales, que añadieron que también declararán ocho funcionarios y mandos del Cuerpo Nacional de Policía. Desde el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, su titular Ana San José ha remitido un oficio a la Jefatura de Policía para conocer si en el registro del Cuerpo consta si el investigador privado recibió asistencia sanitaria durante su detención, en mayo de 2000.