El ‘lawfare' empezó en Baleares

Pedro Sánchez se siente perseguido por los jueces y también por lo que él llama los pseudomedios, que son todos aquellos que él no controla y que no siguen la línea oficial. El presidente del Gobierno se siente víctima de lo que últimamente se ha llamado lawfare o guerra legal, pero Sánchez debería saber una cosa; el lawfare empezó hace más de una década en Baleares persiguiendo judicialmente a muchos dirigentes que no eran de izquierdas y cuyos casos judiciales acabaron en la nada más absoluta. Por cada persona condenada hubo tres o cuatro inocentes que pasaron por los calabozos, incluso por la cárcel, sin haber ni un solo indicio de culpabilidad. Casualmente ninguno de aquellos casos judiciales afectó al PSOE, cuyos escándalos siguieron los pasos normales, de decir, acusación y declaración ante el juez y los fiscales. Tenemos ahí el ‘caso Multimedia' que, a pesar de su gravedad, ninguno de los acusados (algunos de ellos destacados militantes del PSOE con cargo público) han pisado un calabozo ni un minuto ni han sufrido la pena del telediario. El lawfare balear frustró la carrera política de algunos dirigentes de aquella época, y también frenó carreras profesionales. Desde la justicia se fue a bulto no sé muy bien si por el ego de jueces o fiscales o bien porque había alguien detrás que iba manejando el calendario de imputaciones, detenciones, juicios y archivos. Pero hay cosas que huelen más que mal y muchos abogados piensan lo mismo. Si Sánchez se siente víctima del lawfare porque un juez ha decidido investigar a su esposa y la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa 24 horas después de estallar el caso, no me quiero ni imaginar lo que hubiese dicho si, como ocurrió en Balears, las imputaciones duraban una década, no volvían a ser llamados a declarar en años, y los jueces pasaban por alto las pruebas presentadas por los abogados demostrando la inocencia de sus clientes. Evidentemente la Fiscalía nunca tardó 24 horas en reaccionar. Más bien los plazos se contaban por años. Vienen tiempos muy duros para jueces y periodistas. Los que no sigan la línea oficial ya saben que, además del desgaste que supone ir contracorriente, serán puestos en el foco de las críticas de un sector no muy mayoritario pero muy ruidoso.