El presidente argentino, Javier Milei, explicaba hace unos días que el Estado deberá afrontar el pago de una indemnización de 14.000 millones a una empresa por la decisión adoptada por un político del pasado. Para que los ciudadanos conocieran el alcance de este coste, Milei anunciaba que se crearía una tasa que llevaría por nombre ‘Kicillof', que corresponde al apellido del autor de la decisión que obligará a afrontar dicho pago millonario. Decía Milei que así los ciudadanos, cada vez que pagasen la tasa, se acordarían del responsable del desaguisado.
En Baleares podría ocurrir algo similar con el pago que habrá que hacer de 96 millones por Muleta al promotor alemán propietario de los terrenos. En lugar de solicitar un crédito extraordinario se podría crear la ‘tasa Antich' y cobrarla directamente a los ciudadanos cada cierto tiempo. Así nadie olvidaría que el responsable de esta tasa por una decisión irresponsable fue el expresidente del Govern, al que ya advirtieron en el momento que se aprobaron las declasificaciones que habría que pagar indemnizaciones millonarias. De momento, la protección irresponsable y publicitaria de aquel desastroso Govern entre 2007 y 2011 ya suma unos 400 millones en indemnizaciones, una cantidad que supera con creces al coste de todos los supuestos sobrecostes de obras de la etapa Matas que Antich y sus consellers denunciaron casi siempre al juez Castro para garantizarse que la instrucción fuese lo más ruidosa y mediática posible.
En el caso de Muleta, además, ya se le advirtió a Antich y a su entonces conseller de Medi Ambient, el ecosoberanista Biel Vicens, que en la urbanización ya estaban terminados casi todos los servicios para iniciar las obras de las viviendas.
Para evitar que las decisiones irresponsables y publicitarias de algunos políticos resulten tan caras a los ciudadanos, sería deseable aprobar una ley para que, en caso de tener que pagar indemnizaciones millonarias a promotores, que cada uno de los diputados que voten a favor respondan con su propio patrimonio. Si están tan seguros de que no habrá compensaciones, ningún problema, pero dudo mucho que se atreviesen a votar el botón del sí tan alegremente como hicieron en 2008.