Pues para mí lo más escandaloso no es que Bartolomé Cursach fuera investigado por asesinato, proxenetismo y un montón de cosas más a partir de meras suposiciones; ni que el exjuez Penalva, el exfiscal Subirán y los policías del Grupo de Blanqueo ventilaran falsedades como que José María Rodríguez era un putero y Álvaro Gijón un cocainómano; y ni siquiera que encarcelaran sin pruebas a decenas de inocentes. Tampoco me extraña que estos funcionarios judiciales compartieran un grupo de WhatsApp donde hablaban de pegar un tiro al periodista de Ultima Hora Julio Bastida «y que parezca un accidente»; que encarcelaran por las buenas a los «hijos de puta» del ‘caso ORA'; o que filtraran falsedades para que la gente «cague caldo». Ni siquiera me sorprende su lenguaje soez, chulesco, propio de matones de barrio que se creen «intocables», cargado de motes como «la puta», «la gorda», «la zorra», «el pollas»; ni que compitieran entre sí para saber quién «follaba» más.
Tampoco me choca ya la calaña de Subirán, que cuando se le torcieron las cosas quiso tirar de la lengua y grabó a compañeros fiscales, a testigos y, probablemente, a magistrados, para cubrirse las espaldas. Lo que no puedo digerir es que el exjuez y el exfiscal cobren una pensión mensual de tres mil euros largos porque sufren una «incapacidad» cuando sus subordinados, los policías del Grupo de Blanqueo, han sido expedientados y suspendidos de empleo y sueldo. La ejemplaridad de la Judicatura difiere mucho de la del Cuerpo Nacional de Policía. Y esto me preocupa como ciudadano y me escandaliza como periodista.