Ha sido un placer coordinar la jornada Turismo y economía ante moratorias y prohibiciones basada en un sólido análisis técnico-académico y que acabó con un debate político puesto que es imposible desligar la política de las medidas económicas y directrices normativas. Aprovecho, pues, para compartir algunas notas que permitan aproximarse a unas prohibiciones que adoptan nombres diversos y pueden ser más o menos necesarias o justificadas. No ayuda a la toma de decisiones un contexto de turismofobia, políticos de Madrid que nos citan como colonia turística o estar influenciados por un síndrome de Estocolmo turístico. Decisiones políticas que abordan un miedo real y potencial de daños irreparables a unas islas de territorio y crecimiento limitado. Es imprescindible reflexionar sobre una intensa actuación de la Administración, tanto que el profesor Petitbó advirtió la semana pasada que hay más intervencionismo que competencia; porque el mercado también es un bien a preservar aunque la palabra liberal se utilice actualmente como reproche. Medidas contra el mercado pueden perjudicar a consumidores y también a sus operadores además de frenar la economía y frustrar proyectos e inversiones, condicionando la solvencia de algunos empresarios que se han visto afectados por las moratorias.
La Administración está solucionando problemas acudiendo a los dos extremos: o bien otorgando licencias o bien con prohibiciones. Ambas tienen un coste social importante y para ello basta recordad los estudios de la CNMC (Mateo Silos) o del Instituto Juan de Mariana sobre el coste del taxi para las ciudades. Nuestros políticos no pueden olvidar nuestra constitución económica: el derecho a la propiedad privada, la libertad de empresa, las libertades fundamentales de los tratados europeos, la directiva Bolkestein… Obviamente hay que buscar un equilibrio entre muchos intereses generales en juego (todos a proteger) sin olvidar que muchos requieren de los ingresos públicos que genera la actividad turística. Las prohibiciones pueden ser un exceso como indicó el TSJIB en la sentencia de la zonificación de Palma. Cualquier limitación o restricción a la libertad del ejercicio de una actividad económica debe ser clara, justificada y proporcionada. Un mantra para los poderes públicos que denominamos principio de regulación eficiente. La buena regulación requiere datos, la justificación de las medidas va a exigir la incorporación de rigurosos estudios de mercado y de impacto económico. Las exposiciones de motivos ya no son solo proclamas y buenas palabras. ¿Qué coste tienen las prohibiciones para la sociedad? Nadie dudará que parar nuestro motor económico es una decisión muy arriesgada sobre todo cuando no tenemos alternativas. Una novedad que puede ser fundamental es crear una autoridad de competencia balear que vele por el mercado frente a conductas de particulares y también de normas y actos del sector público. Un órgano que pueda supervisar procesos normativos, medidas que afectan a los mercados. Su implantación puede resultar incómoda, pero puede evitar sentencias revocando leyes que han generado un daño a la economía y a la sociedad. Como tantas otras medidas necesita de financiación e independencia, por desgracia, un sueño moderno.