El Gobierno de coalición está en crisis. Son públicas y sonadas las discrepancias entre socialistas y podemitas en asuntos tales como la ley del ‘solo sí es s', la ley trans o el envío de armas a Ucrania, pero no se espera que la tensión derive en una crisis de Gobierno que desembocaría en la sustitución de algunas de las ministras de Podemos. Caso de Irene Montero (Igualdad) a quien todos los componentes del Gabinete con la excepción de Ione Belarra (Asuntos Sociales) dejaron sola en el pleno crucial en el que el Congreso, con los votos del PSOE, el PP y Cs, repudió la ley que lleva su nombre.
No hay precedentes de un vació político semejante que al descalificar su aportación en el Gobierno la deja en muy mal lugar. Por mucho menos se han visto dimisiones. O destituciones que en este caso no se esperan en razón de la hipoteca política contraída por Pedro Sánchez con Podemos, el partido al que junto a las fuerzas separatistas del Parlamento debe la llave de La Moncloa.
Sánchez está tragando lo que ningún presidente antes que él aguantó: permitir que el PSOE fuera calificado de ‘fascista' por boca de la portavoz de Podemos, el partido que se sienta en el Consejo de Ministros. No hay precedentes de un grado de servidumbre que roza la humillación. En los medios afines al sanchismo se justifica en aras de un bien entendido como superior: la culminación de la legislatura.
Apuntan que Sánchez no aprovechará el cese de las ministras Reyes Maroto y Carolina Darias –candidatas en las elecciones municipales– para proceder a un relevo más amplio. Estaría esperando hasta ver cómo le van las cosas a Podemos el 28 de mayo y, de paso, comprobar sí, por fin, la vicepresidenta Yolanda Díaz consigue armar el proyecto ‘Sumar' llevándolo de las musas al teatro.