Cuando hay más de 82.000 personas esperando una intervención quirúrgica o una primera cita con el especialista hospitalario, o los médicos de Atención Primaria denuncian que sólo pueden dedicar tres minutos a cada paciente por la sobrecarga de trabajo, la superioridad y la seguridad en sus políticas que pretende el Govern de Francina Armengol se demuestran como meros ejercicios propagandísticos que se diluyen al entrar en contacto con la realidad.
El Sindicato Médico de Baleares, ha puesto de manifiesto sin atenuantes la falta de profesionales en la sanidad pública que en opinión del presidente del colectivo, Miguel Lázaro, es sorprendente que no cree una mayor «alarma social». La carencia de médicos –la situación en el colectivo de enfermería es aproximadamente la misma–, puede atribuirse a diferentes causas que, sin embargo, confluyen en la deficiente gestión política del sector. El próximo año se habrán jubilado el 10 % de los médicos de los centros de salud y el relevo generacional no resulta suficiente, entre otras razones porque muchos médicos jóvenes, una vez formados, prefieren irse a trabajar al extranjero: las condiciones laborales son mejores y mayores las retribuciones. Al igual que profesionales experimentados que optan por el ejercicio privado de la profesión en busca de un entorno de trabajo más favorable. El caso de los médicos que compatibilizan la función pública y la consulta privada, objeto de crítica desde diferentes ámbitos, se solventaría, si de verdad constituye un problema, con un régimen de exclusividad de servicios y, lógicamente, con la debida compensación económica.
Mientras tanto, el sistema importa médicos de otros países que no tienen un título de especialista homologado para trabajar en la sanidad pública; siempre y cuando estén en condiciones de encontrar y sufragarse un techo para establecerse. El coste de la vida y la carestía de la vivienda son muros en ocasiones insalvables para atraer profesionales, y no solo en el sector sanitario. De hecho, el presidente del Sindicato ha acusado a la Conselleria de Salut de «ficción propagandística» cuando se refiere a contrataciones de sanitarios, dado que en esas cifras apenas hay médicos. Capítulo aparte, las dotaciones de las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales públicos de Baleares que periódicamente son materia de titular periodístico por la fuga de intensivistas a causa de la presión laboral excesiva, muy presentes todavía las consecuencias de la pandemia.
El Sindicato Médico destaca que este próximo mes ha de convocarse el concurso para las derivaciones de pacientes a centros privados con el fin de aligerar las listas de espera por un importe de 27 millones de euros, una cantidad que «si se invirtiera en las condiciones de la sanidad pública, tendríamos medios propios suficientes», ha afirmado el presidente de Simebal. Lo cierto es que de no ser por ese 30 % de la población de Baleares que tiene suscrito un seguro privado, la estructura pública de salud colapsaría.
La sanidad pública es uno de los pilares esenciales del llamado estado del bienestar y en momentos en que se anuncian gastos millonarios como si el mundo fuera a terminar mañana, las insuficiencias de la atención sanitaria conducen a su antónimo, al estado de malestar.