Cuando la izquierda se convierte en objetivo judicial prescinde sin reparos del principio democrático de la separación de poderes. Las responsabilidades únicamente se exigen a los demás. La teniente de alcalde de Palma Neus Truyol; la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra, los exministros, expresidentes del PSOE y expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñan; la presidenta suspendida a la fuerza del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, y el exdirector del IB-Salut, Juli Fuster, comparten, pese a sus diferentes procedencias, la militancia en la izquierda política (Junts x Cat se decía de izquierdas durante el mandato de Jordi Sánchez, ahora es de nuevo el partido de la burguesía nacionalista más rancia); tener cuestiones, pendientes o resueltas, con la Justicia y defender su inocencia a costa de la desautorización de la propia Justicia. Excepto el doctor mallorquín que dirigía la organización sanitaria balear cuyo caso muestra otras derivadas que al menos no atacan al corazón del sistema judicial.
La responsable del Model de Ciutat y anterior presidenta de Emaya debe hacer frente a la acusación de delito medioambiental, fundamentado en las investigaciones de la Fiscalía y del Seprona, por los vertidos de aguas sucias a la bahía de Palma. Su primera reacción: «El inicio del proceso judicial tiene intereses políticos». A pesar de la calificación de su presunto delito, Truyol mantiene su candidatura a la Alcaldía por su partido, Més, porque para los nacionalistas y ecologistas la dimisión solo debe producirse cuando se trata de investigaciones de corrupción económica. Un posible atentado contra el medio ambiente no cuenta. Vaya.
Mónica Oltra atribuye a una persecución judicial su imputación por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una niña de 14 años tutelada por el departamento que dirigía ella misma. A la espera del juicio ha dimitido de la vicepresidencia valenciana que ostentaba por ser dirigente de Compromís, partido aliado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Pagan justos por pecadores, no se cansa de repetir el PSOE para minimizar la condena a dos dirigentes de renombre que lo han sido todo durante tantos años, Chávez y Griñán. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena por los delitos de malversación de dinero público y prevaricación. Insisten los socialistas en que no se han llevado un céntimo a sus bolsillos, pero eluden la creación de una red clientelar en beneficio de sus opciones electorales además del dinero malbaratado en fiestas nada ejemplares. 680 millones de euros que debían destinarse a los parados andaluces es el mayor saqueo de la historia de la democracia.
Juli Fuster debería haberse abstenido de adoptar decisiones en las oposiciones en las que participaba su hija. Ha dimitido de su cargo al frente del IB-Salut al ser pillado en falta por una sentencia judicial. El nuevo responsable del departamento sanitario ha admitido que sí se estaba al corriente del pleito, desactivando la ridícula cara de sorpresa que aparentaba el Govern en un primer momento. Al ser quien es, la cuestión ha quedado en un error administrativo. Otra vez vaya. La regeneración de la vida pública es, en manos de la izquierda, un juguete roto.