Francina Armengol se sumó ayer a la habitual rueda de prensa del conseller de Treball analizando las últimas cifras de empleo. Si la jefa sale en la foto es que hay buenas noticias, de manera que estaba cantado que los números iban a ser buenos. Pero, por más que la mejora de la actividad empresarial sea notable, nuestro sistema productivo arrastra problemas que no se solucionan con la conversión en indefinidos de casi todos los contratos temporales por decreto ley, el gran logro de la reformita laboral de Yolanda Díaz.
Para empezar, muchas de esas conversiones lo son a tiempo parcial, encubriendo necesidades realmente temporales de las empresas que, aunque los propios empresarios deseen que se consoliden, probablemente no dejarán, en muchos casos, de ser circunstanciales. Dicho de otro modo, aunque haya habido abusos, la necesidad de mano de obra para trabajos o períodos concretos persiste, lo único que cambia es que, a partir de ahora, la extinción de esos contratos de trabajo deberá hacerse mediante despidos objetivos con indemnizaciones a razón de 20 días de salario por año de antigüedad, en lugar de los 12 días que llevaba aparejada la finalización de un contrato temporal. La barrera frente a la precariedad es, pues, de solo 8 días de salario por año.
Y ello, además, llevará aparejada una consecuencia indeseable, y es que bastantes de estos despidos objetivos acabarán en los juzgados de lo Social. O sea, a un negat, da-li aigua. Hablando de la jurisdicción social, nuestra Administración de Justicia intenta poner parches a la insoportable acumulación de asuntos que padece ese orden. Se asignan jueces de refuerzo y se ha habilitado hasta un llamado ‘juzgado transversal’ para que los despidos se resuelvan en un plazo razonable. El problema, como casi siempre, no son los jueces, sino la caótica organización de las oficinas judiciales. Hace dos semanas, una sola jueza de lo Social de Palma tenía señalados veintitrés juicios de despido en una misma mañana, correspondientes a las agendas de dos juzgados diferentes. Es abusivo, incomprensible, absurdo e inhumano, tanto para el juez como para los profesionales y los justiciables, que tienen que soportar esta kafkiana situación que, por supuesto, culmina en un retraso acumulado de horas de espera.
Se dirá que muchos juicios laborales terminan conciliados, y es cierto, pero precisamente por ello carece de sentido que no se purguen las citas con antelación y que no se consiga que el día señalado acudan únicamente aquellos que realmente vayan a celebrar un juicio. Es pura y exclusivamente un problema burocrático, pero parece que no existe voluntad política alguna de que se resuelva. Mientras tanto, persiste en los juzgados el mal llamado teletrabajo –ya sin causa alguna– y las ejecuciones de sentencia se prolongan, con frecuencia, durante años, lo que vulnera abiertamente el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
Curiosamente, nuestro autogobierno autonómico no comprende las competencias de Justicia, olvidadas en un cajón desde hace casi cuarenta años, sin que ni a la izquierda ni a la derecha de Balears parezca preocuparles que este servicio público esencial siga dependiendo de una administración central a la que le importamos un pimiento.