Nos encanta enfrascarnos en mil discusiones mientras los grandes temas pasan por delante de nosotros de manera sigilosa. Como ejemplo, la genialidad y grandeza de Rafel Nadal han servido para enzarzarnos en una discusión que además de pasajera no llegará a ningún (aero)puerto. Con tanta pasión hemos olvidado la factura de todos que se incrementa por temas que llevan años siendo un lastre. La mala gestión de nuestro urbanismo va más allá de la frecuente frustración del ciudadano que pretende hacer una reforma. Tiene efectos demoledores cuando hablamos de grandes promotores y especuladores que mueven millones como quien paga una comida.
Las chapuzas y las medidas con fines electoralistas basadas en lo mediático o en impulsos del momento puede generar indemnizaciones millonarias como la que ha sido noticia y supone un ingreso de 91 millones a un promotor de nuestras islas. Tratamos una materia fundamental desde el cortoplacismo de objetivos de los equipos municipales, ligados a los ciclos electorales. Debemos tener muy claro que la función de los tribunales no es determinar si hay o no que proteger el territorio, sino controlar que los políticos sepan hilvanar debidamente la protección que consideren y que sean coherentes y consecuentes con los marcos normativos que fijan en las instituciones y cuya principal función es la seguridad jurídica. Los que no pueden fallar son los técnicos de los ayuntamientos y del Consell; lo que no podemos permitirnos son las cacicadas a nivel local que terminamos pagando todos.
Los ayuntamientos son los primeros que han propiciado y se han enriquecido con esta especulación galopante que se convierte en un arma de doble filo. Es absolutamente inmoral e inadmisible que las montañas puedan ser declaradas urbanas y se construyan plurifamiliares o urbanizaciones con el fin de ser un negocio que compense la deficiente financiación de los ayuntamientos. Obligados a forzar las cosas, el urbanismo es la fórmula que tradicionalmente proporciona elevados ingresos. Es muy tentador dar vía libre a proyectos que van a proporcionar mucha caja, y cuanto más grandes mejor.
Las indemnizaciones no son el precio que pagamos por vivir en el paraíso.
Son el precio que pagamos por la falta de consenso y de no saber con claridad la Mallorca que queremos y que tiene un tope poblacional. Son el coste de la incompetencia y constante interferencia de los intereses partidistas. No podemos tolerar la pérdida de profesionalidad y cualificación de muchos empleados municipales, ni depender de cargos digitados y de confianza que pierdan objetividad. No es casual que muchos puestos clave no estén ocupados en propiedad por funcionarios de carrera ya que serían un obstáculo para la megalomanía, compromisos o errores de nuestros gobernantes. No cambiar nos sale muy caro.