Me he referido en varias ocasiones a las insuficiencias democráticas de la vigente ley electoral. Una ley con deficiencias por su parcialidad, al ser diseñada para asegurarse que en las primeras elecciones democráticas, junio de 1977, triunfara el partido del Gobierno. La ley es, además, formalmente heredera de la dictadura al ser aprobada en periodo preconstitucional, en enero de 1977, y no haberse adaptado a la realidad constitucional de las autonomías. Y es, ciertamente, poco honesta al no haberse corregido el defecto inicial de favorecer unos electores sobre otros.
En un artículo reciente, ‘Es la ley electoral Stupid' (UH, 1/12/21), cuantificaba que la España interior (las CCAA interiores menos Madrid), con el 15,17 % de la población obtiene una representación del 22,85 % en el Congreso, 80 diputados. Una prima de extra representación de casi el 8 %. En el caso más disruptivo de Castilla y León el diferencial es mayor. Con una población de 2.032.863 habitantes (INE, en 1/1/2019), elige a 31 diputados, lo que supone que cada diputado representa a 65.576 ciudadanos, siendo la media nacional de 134.106 personas por diputado electo. En Castilla y León se elige el doble de diputados que correspondería si se aplicara la misma proporcionalidad que la media nacional. Eso explica el sesgo conservador de la política española, más a la derecha que la España real.
Para conseguirlo, el legislador hizo coincidir la circunscripción electoral con la provincia y asignó un número igual de diputados y senadores por cada una, de modo que aunque añadiera correctores por población en ningún caso llegara a compensar la prima de representación en favor de las provincias menos pobladas. El desequilibrio demográfico de las actuales circunscripciones provinciales, pues, actúa como un factor de distorsión electoral, siendo la causa relevante del sesgo partidista en la representación política.
Un avance que se precisa para una mejor democracia electoral consistiría en establecer nuevos distritos electorales más equilibrados demográficamente. Respetando la territorialidad de las comunidades autónomas pero con un reparto de escaños más acorde a la población.
Dado que ahora cada escaño del Congreso representa a 134.106 habitantes, si se optara por una asignación de diputados con similar baremo de proporcionalidad, a las regiones de la España interior o vaciada, sin contar con Madrid, les correspondería 53 escaños en lugar de los 80 actuales. La comunidad de Castilla y León pasaría de los 31 diputados que tiene ahora a 15. Madrid, comunidad urbana, pasaría de los 37 actuales a 50 escaños.
España, por democracia electoral, tiene pendiente reformar la LOREG para una nueva distribución de diputados, seguramente por distrito autonómico, que daría una nueva lectura de la política española; acercando la España real a la España oficial y política. Acabando con la injustificable sobrerrepresentación de unos electores sobre otros. Si hay voluntad política, la ley electoral se puede cambiar con este Parlamento puesto que solo se requiere mayoría absoluta para su aprobación. Los escaños para el Congreso dependen solo de la ley electoral que establece dos diputados por provincia (108), eligiéndose el resto, hasta los 350 actuales, proporcionalmente entre todos los actuales distritos electorales.
Y cualquier modificación, de la ley electoral puede hacerse sin abordar la reforma constitucional.
Como también podrían racionalizarse las demarcaciones electorales, cambiando las circunscripciones provinciales por las autonómicas, reforma del todo interesante para conseguir una mayor calidad y proximidad en las campañas electorales. Bastaría con una reforma territorial que hiciera coincidir los límites provinciales con los autonómicos. Una nueva división provincial que tendría mucho sentido, superando por fin la del siglo XIX, que ya no es funcional, para adaptarla a parámetros del siglo XXI.