El Govern Armengol debería poner en marcha una oficina de protección de la Constitución, sobre todo para denunciar cuando Balears sea humillada por el poderío madrileño, que últimamente anda desatado, en clara ofensiva de dominio hacia la periferia, a la que intentan cortar reconocimientos al manipular de forma grosera la Carta Magna en beneficio del centralismo.
La última carga de la Puerta del Sol tiene forma de perversión lingüística torticera. La presidenta Díaz Ayuso pone en marcha la Oficina del Español, colocando al frente al camaleón Toni Cantó. Ayuso ha santificado el castellano, ascendiéndolo a ‘español'. Lo sitúa muy encima de las demás lenguas constitucionales, a las que trata sutilmente de inferiores. Cuenta con el encendido apoyo del poderío mediático madrileño, con su catarata de televisiones y de radios, que también esconden el término ‘castellano'.
Cuando en 1978 se debatía en las Cortes, los segmentos más derechistas intentaron colar que «el castellano o español es la lengua oficial del Estado». Se opusieron catalanes y vascos. El texto aprobado reza: «El castellano es la lengua española oficial del Estado». Y añade: «Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus comunidades autónomas». Se evitaba así el dominio del idioma mesetario sobre los periféricos. Tan español es el castellano como el catalán –lengua propia de Balears–, el euskera o el gallego, idiomas que serán objeto de «especial respeto y protección» (artículo 3, punto tercero).
Con su Oficina del Español, Ayuso manosea la Carta Magna. Sólo tiene derecho a poner en marcha la ‘oficina autonómica del castellano'. ¿Qué espera el Govern Armengol a denunciar esta burda cataplasma madrileñera?