La Policía Local de Palma, a instancias de Cort, acudió el miércoles a la antigua cárcel, en la carretera de Sóller, muy cerca de la nueva, y notificó a los moradores de este espacio -unos 300- que tienen un plazo de diez días para abandonar de forma voluntaria aquellas instalaciones abandonadas. En caso contrario, podrían ser sancionados. El Ajuntament derribará los módulos que hacían las veces de viviendas de funcionarios, donde está proyectada una nueva rotonda y un acceso a la vía de cintura. La vieja penitenciaría, de momento, quedará en pie, a la espera de que se le dé un nuevo uso.
Es cierto que ninguna administración debería permitir vivir en esas condiciones indignas, pero el drama para los marginados de Cas Capiscol es mayúsculo. No tienen a dónde ir y se encuentran en una situación desesperada. Hay inmigrantes sin papeles que no pueden hacer frente al pago de un alquiler y también hay españoles sin recursos económicos que malviven en aquellos edificios, que en breve serán demolidos. Es una consecuencia de la emergencia habitacional que padece Balears, pero también del crecimiento de la marginalidad. Este año, los servicios sociales ya han contabilizado 37 asentamientos ilegales en Palma.
Una barriada castigada
Los vecinos de Cas Capiscol denuncian que la mayoría de los okupas de la cárcel vieja se quedarán a vivir por las inmediaciones, en los márgenes de la vía de cintura, donde hay algunos asentamientos, y también en un aparcamiento próximo, donde pernoctan muchos de los sintecho, en tiendas de campaña.
Respuesta de las administraciones
Según algunas estimaciones policiales, en el interior de la antigua prisión, especialmente en invierno, pueden llegar a juntarse hasta 300 personas, por lo que es imprescindible una actuación coordinada de las administraciones para atender a todos los afectados y ofrecerles alguna alternativa. No hay que olvidar que entre ellos hay menores y ancianos enfermos.