Después del abordaje mortal del joven mallorquín Guiem Comamala por parte de un superyate, en aguas próximas al puerto de Cala Bona, el Govern ha anunciado la futura ley del litoral que limitará la velocidad cerca de la costa a 10 nudos (unos 18,52 kilómetros por hora). Se trata, sin duda, de una medida muy necesaria dado el estado que presenta el mar balear, con lanchas y motos acuáticas navegando a unas velocidades temerarias y sorteando a submarinistas, nadadores, piragüistas e incluso bañistas. No era de recibo que los imprudentes se impusieran a la mayoría y que las inmediaciones de playas y calas se hubieran convertido en una jungla. Ahora bien, las medidas anunciadas por el Goven, tan necesarias, deben llegar acompañadas de un incremento de las plantillas de los profesionales que velan por la seguridad marítima. No hay que olvidar que hasta hace poco solo dos funcionarios inspeccionaban las embarcaciones y la Guardia Civil tiene un Servicio Marítimo completamente desbordado por otras urgencias, como son la llegada de pateras.
Invasión de espacios de bañistas.
El principal problemas es que la mayoría de las playas y calas de Mallorca están atestadas de embarcaciones que incumplen la normativa y se acercan en exceso a la arena. En Es Carbó, en la Colònia de Sant Jordi o en Illetes, en Calvià, por citar dos ejemplos, el descaro de estos patrones es tal que amarran sus yates junto a los bañistas, sin importarles el peligro que sus maniobras entrañan.
Mano dura.
Así pues, solo cabe endurecer las medidas y las sanciones para castigar a estos incívicos, que han convertido el mar en su espacio privado de juergas y conductas vandálicas. La masificación en la costa debe ser controlada porque las consecuencias, en caso contrario, pueden ser desastrosas. Como tristemente ha ocurrido en Cala Bona. Eso si, sin medios será imposible.