Corren malos tiempos para la Justicia mallorquina, que a algunas sentencias sonadas (como la de Penalva y Subirán) o el polémico caso de Pau Rigo, el jubilado que mató a un ladrón en su casa de Porreres, suma ahora una saturación que amenaza con un colapso inminente en los juzgados de Primera Instancia. Por una serie de cambios legales, las reclamaciones contra las aerolíneas que antes tramitaban los juzgados Mercantiles son examinadas ahora en primera instancia, a lo que hay que sumar los pleitos por deudas. En una isla tan turística como la nuestra, era de esperar que este tipo de asuntos económicos desbordara a los funcionarios, que cuentan con plantillas reducidas y que se enfrentan a jubilaciones que luego no son cubiertas. Aquí entra en juego el drama habitacional, que influye directamente en la negativa de muchos funcionarios a ser destinados a la Isla porque los alquileres están por las nubes.
También en Instrucción.
Pero los de Primera Instancia no son los únicos juzgados tensionados. Ayer publicamos que una jueza ha colgado un cartel en su juzgado de Instrucción de Palma, el número 5, en el que advierte de que la situación es límite por la falta de funcionarios. En el aviso, se anuncia que se centrarán en «lo urgente» y en las causas en las que se hayan adoptado medidas cautelares. Esto supone que el resto de casos sufrirán un considerable retraso, que se suma al que ya llevaban muchas causas.
En otros lugares.
El caos en la Justicia es palpable, también, en lugares como Algeciras, cuyos magistrados deben luchar contra el poderoso narcotráfico de la región –que recientemente se ha cobrado la vida de dos guardias civiles en Barbate– sin apenas medios y abandonados y desprotegidos en el campo de Gibraltar. El Gobierno debe actuar de inmediato y revertir esta peligrosa situación en la que ha entrado la Justicia.